21 de mayo de 2019 | Actualizado 21:38

El juez deja en libertad provisional bajo fianza a Ángel Pérez-Maura

Los otros cuatro detenidos (Álvaro Pérez-Maura, Xavier Soucheiron, Adrián de la Joya y Enrique Maestre) también han salido en libertad bajo fianza
Ángel Pérez-Maura | Executive Forum

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dejado en libertad provisional bajo fianza a Ángel Pérez-Maura y a los otros cuatro detenidos (su hermano Álvaro Pérez Maura, el exconsejero delegado de Grup TCB, Xavier Soucheiron, el empresario Adrián de la Joya y el abogado Enrique Maestre) por el presunto pago de diez millones de euros para obstaculizar la acción de la justicia. Según han informado la agencia Europa Press, el juez ha tomado la decisión en contra del parecer de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Tras más de 14 horas de interrogatorio, el juez Manuel García Castellón los ha dejado a todos en libertad provisional bajo fianza. Según Europa Press, la mayor de ellas ha correspondido a Ángel Pérez-Maura (750.000 euros), seguido por su hermano Álvaro y Adrián de la Joya (500.000 euros a cada uno) y Xavier Soucheiron y Enrique Maestre (200.000 euros a cada uno). La citada agencia de información ha explicado que estas sumas impuestas por el juez son notablemente inferiores a las planteadas por fiscalía, que incluso había solicitado prisión incondicional para Ángel Pérez-Maura por los dos presuntos delitos de cohecho en España y Guatemala que le imputa.

2,1 millones de euros

Los cinco detenidos han abonado conjuntamente más de dos millones de euros para salir en libertad provisional

El magistrado ha dictado esa resolución tras concluir este sábado de madrugada los interrogatorios a los cinco detenidos el pasado miércoles en el marco de la pieza Pit del caso del excomisario José Manuel Villarejo. En este caso, se investiga el presunto pago a Villarejo, a través de la empresa A. Pérez y Cia, de 10 millones de euros para impedir la detención y extradición ordenada por las autoridades de Guatemala el 14 de abril de 2016 de Ángel Pérez Maura, así como para obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España. Las autoridades guatemaltecas solicitaron su extradición tras investigar una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al entonces presidente, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, entre otros, para que la mercantil Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (Grup TCB), en aquel momento propiedad de la familia Pérez-Maura, “obtuviera de forma ilícita la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal”.