14 de octubre de 2019 | Actualizado 7:08

La UE obligará a revisar la seguridad de la red viaria cada cinco años

El objetivo es mejorar el estado de la red viaria para disminuir la siniestralidad en las carreteras europeas en los próximos años
Comisión Europea

Los Estados miembro deberán realizar una evaluación de la seguridad de las carreteras para toda la red al menos cada cinco años. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de la Unión Europea, que ha adoptado unas normas revisadas que establecen un enfoque más sistemático para aumentar la seguridad de las infraestructuras viarias. El objetivo de esta medida es reducir el número de víctimas mortales y heridos graves en accidentes de tráfico. Las primeras evaluaciones de la seguridad de las carreteras para toda la red deben realizarse, a más tardar, en 2024.

La evaluación de toda la red de carreteras ofrece una instantánea de las carreteras a las que se aplica la directiva y se utiliza para evaluar el riesgo de accidentes. Las autoridades utilizarán las conclusiones de las evaluaciones para llevar a cabo inspecciones más específicas de seguridad vial o adoptar medidas correctoras directas.

La primera evaluación de la seguridad de la red viaria deberá realizarse, como máximo, en 2024

En los procedimientos de gestión de la seguridad vial será obligatorio tener en cuenta sistemáticamente a los peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública, dado que estos usuarios representaron casi la mitad de las víctimas mortales de accidentes de tráfico en la UE en 2017.

La directiva revisada ampliará el ámbito de aplicación de la normativa vigente a las autopistas y otras carreteras principales fuera de la red transeuropea de transporte (TEN-T). Según las estimaciones de la Unión Europea, esto contribuirá a mejorar significativamente la seguridad de las infraestructuras viarias. Las normas abarcarán también las carreteras situadas fuera de las zonas urbanas que se construyan con financiación comunitaria.

Con la votación de hoy en el Consejo Europeo se pone fin al procedimiento legislativo. El 21 de febrero de 2019 se alcanzó un acuerdo provisional entre la presidencia rumana del Consejo y el Parlamento Europeo. La directiva se publicará ahora en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor a los veinte días de su publicación. A partir de entonces, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para ponerla en práctica.