18 de septiembre de 2019 | Actualizado 15:14
Enric Ticó

Una ley poco mercantil

La autoridad aduanera española, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pretenden limitar la actividad mercantil de los transitarios, agentes de aduanas y representantes aduaneros mediante modificaciones legislativas insólitas y únicas en Europa. Un desaguisado sin precedentes que será anulado por la Unión Europea, pero que antes habrá hundido en la miseria al sistema portuario y aeroportuario y el comercio exterior del Estado.

A algunos les podría parecer que lo que les voy a contar es un problema menor, pero desde mi punto de vista el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude prevé unas trascendentales modificaciones de la Ley General Tributaria y del Impuesto sobre el Valor Añadido, referidas a la actividad aduanera que prestan los transitarios, agentes de aduanas y representantes aduaneros a las empresas importadoras y exportadoras de nuestro país, que ponen en peligro la totalidad del comercio internacional español.

El anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude nos exige una inusual, inédita y desmedida responsabilidad

A nuestro colectivo, dicho anteproyecto de ley le exige una responsabilidad inusual, inédita, desmedida y arbitraria, al endurecer el ejercicio empresarial haciéndonos responsables solidarios de la deuda aduanera y tributaria de las operaciones de comercio exterior de sus clientes cuando gestionan las formalidades de sus mercancías con origen-destino a, o desde terceros países ante las aduanas. Por tanto, se produce una clara desventaja empresarial con respecto a nuestros colegas europeos y un agravio comparativo con el nivel de responsabilidad exigido a otros profesionales, que actúan en nuestro país mediante representación voluntaria de sus clientes ante la Agencia Tributaria, como abogados, asesores fiscales o gestores administrativos, graduados sociales y demás colaboradores sociales de la AEAT.

Fíjense además de que dicho proyecto contraviene lo establecido en el Reglamento (UE) 952/2013 por el que se establece el Código Aduanero de la Unión (CAU), al pretender regular en una normativa nacional el pago de la deuda aduanera de las importaciones, materia reservada a la Comisión de la Unión Europea por el propio Reglamento. Un proyecto, por tanto, alejado de las políticas de la Unión Europea, y que dejaría fuera del mercado a nuestras empresas.

Estamos a tiempo de evitar que dicho atropello suponga una pérdida de 150.000 puestos de trabajo en nuestro país dado que se produciría un masivo desvío de presentaciones de las declaraciones de comercio exterior a otros países de la Unión Europea.