Multa de más de 118 millones a empresas y directivos por el reparto de concursos de Adif

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado con más de 118 millones de euros a 15 empresas y 14 directivos por “repartirse de manera ilícita los concursos públicos convocados por Adif relacionados con infraestructuras ferroviarias (sistemas de electrificación y electromecánica) para las líneas de tren convencional y alta velocidad”. El organismo considera probado que “durante 14 años, estas empresas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional” que les permitieron adjudicarse contratos de más de 1.000 millones de euros. Por esta razón, se les impone en su conjunto una sanción de 118 millones de euros y a los directivos responsables de tales conductas una sanción total de 666.000 euros. Además, “por primera vez, la CNMC activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración por lo que remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa”, ha manifestado Competencia.

La CNMC cuenta con el Programa de Clemencia, mediante el que la empresa y/o el directivo que haya participado en un cártel pueden aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería. Por ello, ha decidido eximir del pago de la multa a Alstom Transporte, a su matriz y directivos en su condición de solicitante de clemencia por un montante total de 8,9 millones de euros (8,8 millones a Alstom más 155.700 euros a sus directivos). Además, por el mismo motivo, también se ha reducido el 45% la multa correspondiente a Siemens y a su matriz (queda en 9,24 millones de euros). El organismo también ha recordado que “contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación”.

Las empresas sancionadas crearon tres cárteles “para falsear la competencia en los concursos públicos”. En primer lugar, explica la CNMC, se conminaron “para repartirse los concursos para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad”. El segundo cártel se centraba en “manipular los concursos para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional”. Por último, se repartían “los concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad”.

ELECTRIFICACIÓN DEL AVE
En el primero de los cárteles, el de electrificación del AVE, “los hechos acreditados indican que trece de estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante ocho años (desde 2008 hasta 2016)”. El importe total de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros, según la CNMC.

“Los acuerdos en ese cartel fueron evolucionando a lo largo del tiempo”, ha señalado la CNMC. “Son de destacar los denominados acuerdos MICRO-MACRO, en virtud de los cuales las empresas pactaron el reparto a partes iguales en facturación y margen de varias licitaciones a través de la constitución de diversas Uniones Temporales de Empresas (UTEs)”. Según las pruebas que han fundamentado las sanciones, la estrategia consistía en que dichas uniones -cuya formación era previamente acordada entre las empresas- que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación.

ELECTRIFICACIÓN DEL TREN CONVENCIONAL
El segundo de los cárteles, creado para la electrificación del tren convencional, operó durante 14 años (mayo de 2002 hasta noviembre de 2016). Los hechos acreditados por la CNMC indican que las diez empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre ellas de 134 millones de euros.

En 2002, “los directivos de las principales empresas del sector suscribieron un acuerdo para repartirse todas las licitaciones que fueran convocadas por Renfe para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas en las líneas de tren convencional”. Según la CNMC, el acuerdo, entre otras cuestiones, preveía un método de reparto de las licitaciones mediante un sorteo para establecer el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaron “ranking”.

Las compañías que conformaban el cártel también tenían previstos mecanismos de compensación entre ellas. De esta manera, las que no eran adjudicatarias de los contratos se aseguraban un porcentaje del 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales, ha asegurado Competencia.

ELECTRÓMECANICA DEL AVE
En el tercer cártel creado para el reparto de concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad, durante tres años (2013 a 2015), Alstom e Indra, con independencia de la complementariedad de sus tecnologías que ha justificado la constitución de UTEs, acordaron en ocasiones repartos de licitaciones de menor cuantía o complejidad. Para ello, según Competencia, presentaban ambas ofertas, si bien una de ellas era de acompañamiento o de cobertura, con el compromiso de que la eventual empresa adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. En 2015 se sumó Elecnor a tales prácticas. Estas empresas han adoptado acuerdos para el reparto de, al menos, 7 contratos con un presupuesto de licitación de 84 millones de euros, según los cálculos de la CNMC.