Movilidad y sostenibilidad centran las propuestas de los partidos para el 28-A

• El ministerio de Fomento pasará a denominarse ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

• Pacto de Estado en infraestructuras para garantizar el cumplimiento de los planes ferroviarios de alta velocidad, así como la inversión en cercanías y otras actuaciones en los corredores estratégicos (Mediterráneo, Atlántico).

• Aumento de la inversión pública en seguridad y mantenimiento de las infraestructuras: electrificación y digitalización de la movilidad.

• Impulso de un Green New Deal para ocupar “una posición de liderazgo en el proceso de descarbonización de la economía global”.

• Movilidad más eficiente y sostenible con la transformación digital del transporte y la necesidad de planificación y eficiencia de las inversiones en infraestructuras de transporte.

• Compromiso de aprobar un Plan Nacional de Infraestructuras y Transportes Prioritarios 2020-2030 para “convertir a España en el principal punto internacional de intercambio y centro de distribución de pasajeros y mercancías”.

• Impulso al desarrollo de los 27 proyectos contemplados en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras.

• Mantener el impulso a la red de alta velocidad y de altas prestaciones: corredores Mediterráneo, Noroeste, Norte, de Extremadura, Atlántico/Mediterráneo, Granada y Murcia, Galicia e Y Vasca.

• Desarrollo completo de los corredores de la red transeuropea de transporte.

• Planificación de las infraestructuras y transporte como base para el desarrollo industrial y comercial de nuestros sectores y para fomentar la exportación, asegurando que ninguna capital de provincia quede a más de dos horas de un punto de conexión internacional.

• Normativa para incentivar el despliegue de una red de puntas de recarga de electricidad y gas para vehículos.

• Consolidar la red aeroportuaria promoviendo nuevas rutas de navegación aérea que refuercen a España como hub.

• Potenciar el desarrollo portuario y su conexión intermodal.

• Pacto de Estado por los Transportes y la Movilidad Sostenible.

• Creación de una Oficina Nacional de Evaluación para que todas las inversiones estén justificadas por criterios de rentabilidad socioeconómica.

• Aumento de la inversión en conservación de toda la red de carreteras del Estado.

• Inversión en ejes y corredores de la red transeuropea de transporte, en especial Corredor Mediterráneo y Atlántico, y las Autopistas del Mar, favoreciendo la intermodalidad y complementariedad.

• Compromiso de no renovación de la concesión de los tramos de autopistas que vencen antes de 2021: la AP-7 (Autopista del Mediterráneo), la AP-4 (Sevilla-Cádiz)y la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo).

• Impulsar un plan de inversiones en nuestras infraestructuras ferroviarias con parámetros de calidad, sostenibilidad y justicia territorial.

• Se implementará un conjunto de medidas para proteger a las y los pequeños y medianos transportistas frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución y de los grandes puertos.

• Frenar la renovación de las concesiones de autopistas a grandes corporaciones.

• Estudiaremos fórmulas para revertir el control de empresas externas en servicios de estiba, astilleros e industria naval y se modificarán las normas de liberalización que conlleven una pérdida de soberanía y un expolio de las inversiones públicas.

• Garantizaremos un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales en una economía ‘uberizada’.

• Fomentar la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa-Estado y así aumentar el peso de la industria en el PIB.

• Liberalizar el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados.

• Apuesta presupuestaria por la inversión pública en infraestructuras de fomento de la competitividad, tanto de transporte (Corredor del Mediterráneo) como de datos (extensión del alta velocidad de Internet al territorio) como de energía (fomento de la autoproducción de energía).

• Exigir al Estado el cumplimiento de la inversión pendiente de las infraestructuras necesarias para la movilidad y la conectividad para el desarrollo empresarial: construcción del Corredor Mediterráneo de mercancías; impulsar las interconexiones ferroviarias a los puertos y aeropuertos; corregir el déficit de inversiones en Cercanías.

• Destinar los recursos generados por los puertos de Barcelona y Tarragona a la mejora de las infraestructuras, así como de las redes prioritarias (Corredor Mediterráneo) y no destinar los recursos a pagar los déficits generados por otras infraestructuras del Estado que, al mismo tiempo, compiten deslealmente.

• La finalización de las concesiones de las autopistas en Catalunya son una oportunidad para establecer un nuevo sistema de pago de las redes viarias de alta capacidad (Euroviñeta) que tiene que tener un equilibrio entre la inversión, los costes de mantenimiento y gestión, los costes ambientales y el pago por uso y servicio.

• El Estado tiene que invertir en Catalunya lo que señala el Estatuto, es decir un porcentaje de la inversión pública equivalente al del peso del PIB catalán (19%) durante un periodo mínimo de siete años o bien transferir los recursos correspondientes a la Generalitat.

• Reclamar la titularidad y la administración de la totalidad de la red ferroviaria catalana, conjuntamente con los fondos suficientes para poder realizar las inversiones necesarias.

• Ejecutar la Agenda Catalana del Corredor Mediterráneo, que incluye los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona y de Tarragona, el tercer hilo entre la Comunidad Valenciana y Castellbisbal, el tercer hilo Tarragona-Reus, el tercer hilo Figueres-Portbou, las terminales ferroviarias del puerto de Barcelona y la de la ZAL del puerto de Tarragona, la conexión de la terminal de Vilamalla con el ancho UIC o la autopista ferroviaria del puerto de Barcelona con París, Dortmund y Calais.

• Traspaso de la gestión de los 1.339 kilómetros de red de gestión directa no concesionada con los fondos suficientes para poder realizar las inversiones necesarias. Pedir el traspaso de la red estatal de las autopistas concesionadas.

• Establecer un plan de urgencia de inversiones en mantenimiento de la actual red estatal de carreteras.

• Dar prioridad a la finalización de obras que se están ejecutando desde hace muchos años, como los accesos viarios al puerto de Barcelona (inicio expediente 2002), la variante de Vallirana (inicio expediente 1998), la B-40 entre Viladecavalls y Olesa de Montserrat (inicio expediente 1994), el desdoblamiento de la N-II a Girona (inicio expediente 2000) o la conexión entre la A2 y la B-30/AP7 (inicio expediente 1998).

• Acabar con el pago de peajes de la red de autopistas catalanas e implementar la Viñeta a todas las vías, tanto las de la Generalitat como las del Estado.

• Implantar un modelo de gestión aeroportuaria propio de Catalunya, que establezca políticas tarifarias propias y una gestión individualizada de cada aeropuerto.

• Traspaso de las competencias marítimas y de las autoridades portuarias de Barcelona y Tarragona, posibilitando su funcionamiento independiente y autónomo en la fijación de tasas.

• Promulgación de una nueva ley de puertos que transfiera a la Generalitat las competencias de las capitanías marítimas, de la gestión de la marina mercante, del abanderamiento de barcos y de las señales marítimas.

• Gestión de la franja costera y las actuaciones de protección dentro del dominio público marítimo-terrestre, respetando las concesiones existentes dentro de este dominio.

• Conversión de Palamós en Puerto Schengen.

• Promocionar el ferrocarril con otros modos de transporte menos contaminantes.

• Promover la implantación del gas natural vehicular para el transporte pesado por carretera y la electricidad para el ligero.

• Transferencia de los tramos de la AP-68 (Bilbao-Zaragoza) que discurren por territorio vasco.

• Actualización de los Convenios Forales en materia de transporte por carretera.

• Transferencia de las infraestructuras ferroviarias de cercanías que discurren por territorio vasco.

• Culminación de la red de alta velocidad Y Vasca.

• Potenciación del Corredor Atlántico de mercancías.

• Transferencia de los aeropuertos de Bilbao, Foronda y Hondarribia.

• Desclasificación del puerto de Pasaia como puerto de interés general.

• Impulso de la conexión de la nueva red ferroviaria con Navarra y Aquitania.

• Mejora del tratamiento aduanero y fiscal del comercio electrónico, en la actividad de suministro de buques en Canarias y simplificación de los trámites aduaneros para la exportación de productos.

• Reclamar al Estado la firma del convenio para el pago aplazado del importe íntegro de la deuda por el incumplimiento del anterior convenio de carreteras, que asciende a casi mil millones de euros.

• Recuperar para el interés público los aeropuertos canarios, concebidos como red específica, en la que las administraciones públicas canarias y los agentes económicos y sociales de Canarias jueguen un papel determinante en su estrategia comercial y de desarrollo de estas infraestructuras (segunda pista de Tenerife Sur y Gando, ampliación de las pistas de Lanzarote y El Hierro).

• Mejora de la conectividad marítima y aérea entre las islas -fundamentalmente las no capitalinas-, para lo que solicitan la formación de nuevas obligaciones de servicio público.