7 de junio de 2023 | Actualizado 17:01
De izquierda a derecha: Joaquim Llansó, Francisco Gutiérrez y Salvador Guillermo | CaIC

El Consejo Asesor de Infraestructuras en Catalunya critica las rebajas en los precios

El organismo acaba de presentar su cuarto informe de buenas prácticas en la contratación pública de infraestructuras

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Catalunya (CaIC) ha publicado el cuarto informe de buenas prácticas en la contratación pública de infraestructuras. Con motivo de su presentación, el CaIC ha propuesto ‘el objetivo 100’, mediante el cual reclaman que sea la Administración quien fije un precio realista de mercado en las contrataciones públicas y que no promueva la realización de rebajas.

Por su parte, el secretario del Consejo Asesor, Salvador Guillermo, ha señalado que “no puede ser que se hagan descuentos de hasta el 50% en obras que se han estimado de un cierto valor, el precio debe ser realista”. Además, ha añadido que “igual que es malo el poder del monopolio, también es malo el poder del demandante único”.

“Igual que es malo el poder del monopolio, también es malo el poder del demandante único”
Salvador Guillermo Secretario del CaIC

Por otra parte, el CaIC ha expuesto en su informe que los pilares sobre los que pilota la contratación de infraestructuras son la corrección técnica y el cálculo adecuado del proyecto atendiendo su ciclo de vida. “Una pieza esencial de cualquier contratación pública de obras es el proyecto y no podemos ahorrar dinero en él”, ha afirmado Salvador. “Cualquier ahorro allí se paga después en la obra”. En este sentido, el presidente de la Cambra Oficial de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó, ha valorado positivamente que en los países anglosajones como Inglaterra la administración pública seleccione una ingeniera y una constructora, de manera que los tres diseñen la obra conjuntamente.

Otra de las reivindicaciones del CaIC es la demanda de transparencia en los concursos públicos por parte de los contratistas. “Queremos poder consultar en la web las puntuaciones en cada parte de las cláusulas pedidas”, ha señalado Llansó. Además, también ha opinado que las administraciones públicas no deberían tener en cuenta cláusulas sociales para las contrataciones: “Tiene sentido hablar de ello si está relacionado con el objeto del contrato, pero no tiene sentido pedir que se suban los salarios por encima del convenio, porque esto no tiene relación con lo que se contrata, sino con la economía en general”.