24 de septiembre de 2020 | Actualizado 17:39

Los cargadores cifran en 2.000 millones la carga y descarga de los conductores

“Sabemos que hay cuestiones encima de la mesa desde hace diez años y es necesario abordarlas con decisión", ha señalado María José Rallo
Volvo Trucks

El director general de la asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc), José María Bonmatí, ha anunciado que la prohibición de realizar la carga y descarga a los conductores podría suponer un coste “de mas de 2.000 millones de euros al año”, según ha estimado. “Nos preocupa, porque creemos que va en sentido contrario de lo que el escenario actual demanda y puede generar no solo un aumento de costes muy importante, sino un nivel de conflictividad enorme por la dificultad que supone adecuar los medios”, ha especificado. A este respecto, ha recalcado que “esta petición sería muy perjudicial para el sector y a la mayor parte de los operadores les costaría asumirlo”.

En unas jornadas organizadas por la asociación cargadora, Bonmatí también ha hecho referencia a las 44 toneladas, una medida que considera positiva “para los cargadores y para el conjunto de la cadena de valor”. A este respecto, la secretaria general de Transportes y Movilidad del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo, ha destacado la importancia de promover diálogo y consensos con la participación de cargadores y transportistas. “Sabemos que hay cuestiones encima de la mesa desde hace diez años y es necesario abordarlas con decisión”, ha expresado. “Hay que ser ambiciosos, tener un enfoque integrador y no solo tratar cuestiones como el aumento de pesos y dimensiones o la carga y descarga, sino también dar un salto cualitativo con una mejora de la robustez y eficiencia en todo el sector”.

“La petición puede generar no solo un aumento de costes, sino un nivel de conflictividad enorme”
José María Bonmatí Director general de Aecoc

Para lograr este objetivo, el ministerio de Transportes ha propuesto la creación de una mesa tripartita junto a cargadores y transportistas con tres ejes fundamentales. La primera, basarse en un análisis “riguroso, con diagnósticos claros y desapasionados, en las que se quite la parte emocional para ver dónde están los problemas y cómo abordarlos”. Por otra parte, una segunda característica debe ser la agilidad, pues la secretaria general ha señalado que “no podemos permitirnos el lujo de tener los temas enquistados más años”.

Por último, Rallo considera que las partes debe ser “ambiciosas y constructivas”. “El ministerio coordina y está presente para favorecer este clima de diálogo, pero no podemos sustituir a cargadores y transportistas”, ha concluido la secretaria general del ministerio de Transportes. “Todos forman parte de una única cadena de valor y la economía de España necesita un sector del transporte y la logística que funcione y sea competitivo”.

“No podemos permitirnos el lujo de tener más años los temas enquistados”
María José Rallo Secretaria general de Transportes y Movilidad

UNA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD PARTICIPATIVA
Rallo también ha aprovechado su intervención para recordar que uno de los retos de la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada que el ministerio prepara es el desarrollo de cadenas logísticas intermodales e inteligentes. Esto engloba el desarrollo del nuevo marco estratégico del sistema portuario estatal, el apoyo e impulso a la carga aérea y ferroviaria, o aspectos más vinculados al ámbito empresarial como la digitalización y la sostenibilidad social, económica y medioambiental, entre otros.

“Tampoco nos olvidamos de los retos relacionados con el ecommerce, como la logística de proximidad o la última milla, así como el debate sobre las condiciones en las que se tiene que prestar”, han puntualizado la secretaria general. Por ello, la estrategia contará con una parte regulatoria, la ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte urbano, en la que el ministerio ya trabaja. Según ha informado, “en breve” se iniciará el proceso de consulta pública de la misma, previo a disponer del texto articulado, en la que recogerá las aportaciones concretas del sector.

De esta forma, se busca crear “un sistema de gobernanza de la movilidad que posibilite que las condiciones de lo que puedan establecer los ayuntamientos vecinos no sean muy distintas”, mediante un proceso que el ministerio ha denominado como “diálogo abierto de movilidad”. Concretamente, este tendrá una duración de 12 semanas y constará de diferentes foros de debate.