27 de noviembre de 2020 | Actualizado 13:01

Glovo desmiente la actuación inspectora y su obligación para dar de alta a sus repartidores

La compañía asegura que “no se ha iniciado ninguna nueva actuación” como ha informado UGT y que “las cuotas no son firmes”
Glovo

La plataforma digital Glovo ha reaccionado ante el anuncio de que la Inspección de Trabajo le obligará a regularizar a sus trabajadores y la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre sus repartidores. En este sentido, la compañía ha desmentido que se haya llevado a cabo una nueva inspección y ha asegurado que “ni siquiera hay una resolución judicial al respecto”. Según ha informado el sindicato UGT, una nueva resolución de Inspección de Trabajo obliga a Glovo a dar de alta a unos 11.013 trabajadores que operan como falsos autónomos y la empresa deberá pagar, en consecuencia, más de 16 millones de euros por el impago de cotizaciones. Es lo que sucedió la semana pasada com Amazon.

Frente a estas informaciones, la plataforma digital ha respondido que “las actas de la Seguridad Social no son firmes, ya que ningún juez ha dictaminado que los repartidores son empleados”. De hecho, “existen sentencias que refrendan el modelo de trabajo autónomo”, ha apuntado la empresa. Esta deuda, según Glovo, “es una estimación sobre actuaciones de la inspección laboral que no han sido refrendadas por un juez competente”. 

11.013 trabajadores

Según UGT, Glovo debe dar de alta a 11.013 trabajadores, así como abonar 16 millones de euros por sus cotizaciones

Tras la denuncia de UGT sobre la situación laboral de los repartidores de Glovo, este sindicato ha asegurado que “se ha concretado con las altas en el régimen general de la Seguridad Social de 11.013 personas trabajadoras que realizaban la actividad de reparto entre 2018 y 2019 en todas las provincias que tiene presencia la empresa Glovo”. De esta forma, desde UGT han exigido que Glovo “pague toda la a deuda” y transforme a todos los repartidores en “contratos indefinidos con el convenio de transporte de mercancías por carretera”. 

En cambio, la plataforma digital ha recordado que la inspección laboral inició sus actuaciones en 2017 y que se levantaron actas en todas las provincias donde operaba a finales de 2017 y 2018. Desde entonces, “no se ha iniciado ninguna nueva actuación inspectora ni tampoco se ha iniciado la fase judicial de ninguna de las mencionadas actas, con la salvedad de Santander, donde ni siquiera se han presentado conclusiones”, según Glovo. En lo relativo a la sentencia del Tribunal Supremo, asegura que es un fallo “relativo a un caso concreto de un repartidor” y que “espera la definición de un marco regulatorio acorde a la situación laboral actual”. 

Glovo ha argumentado que se han impugnado la cantidad a pagar porque “el cálculo realizado no es correcto”

Por tanto, la compañía de reparto de última milla ha puntualizado que “la única discusión que tenemos a fecha de hoy en sede de la inspección laboral es que hemos impugnado todas las bases imputadas”. Según ha valorado la plataforma de delivery, “la inspección laboral realiza sus cálculos en base a cuotas estimadas, por lo que no tiene en cuenta si un colaborador sólo ha colaborado una hora u ocho”. Desde su punto de vista, “este cálculo no es correcto, hemos impugnado todas las bases por ser estimadas y no ciertas”. En definitiva, Glovo ha asegurado que “hasta que un juez no lo decida, las cuotas no son firmes”.