19 de enero de 2021 | Actualizado 12:38

Los municipios demandan claridad normativa para crear las zonas de bajas emisiones

Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deben instaurarlas antes de 2023 y sus ayuntamientos reclaman pautas para llevarlas a cabo
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Los ayuntamientos afrontan la nueva movilidad que impulsa la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El reto para la descarbonización de las ciudades incluye entre sus líneas estratégicas la apuesta por el abandono del vehículo privado en los cascos urbanos y, con ello, la delimitación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). De cara a 2023, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán implantar zonas restrictivas de acceso en sus cascos urbanos. Su planteamiento suscita preocupación e incertidumbre entre los diversos ayuntamientos que reclaman una mayor claridad normativa y unas pautas comunes para abordar este reto de transición ecológica. 

Esta medida afectará a unos 148 municipios que deberán establecer estas zonas de bajas emisiones en los próximos dos años. Sin embargo, un problema recurrente para su puesta en marcha es la incertidumbre normativa y la falta de “cauces comunes”, según ha resaltado el presidente de la comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad y secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Alfonso Gil. En la misma línea, la secretaria general de Transportes y Movilidad del ministerio de Transportes, María José Rallo, ha reconocido que “necesitamos un gran diseño y coordinación entre entidades locales y Ejecutivo para desarrollar cómo plantear los niveles de restricciones, con qué programas de ayudas o qué tipo de sanciones”.

“En Madrid y Barcelona, vemos cómo se han desarrollado planes completamente distintos”
Alfonso Gil Secretario general de FEMP

“Es importante establecer marcos normativos comunes, puesto que tan solo con fijarnos en Madrid y Barcelona, vemos que se han desarrollado dos zonas completamente distintas”. Gil ha destacado, asimismo, que “estas zonas de bajas emisiones sean similares -aunque cuenten con sus propias especificidades de cada una de sus ciudades- para no causar confusión entre ciudadanos y transportistas que se trasladen entre municipios”. Según ha explicado Alfonso Gil, “hay que optimizar el reparto de mercancías, fomentar el teletrabajo, las energías alternativas, apostar por la electrificación y vehículos de hidrógeno”, entre otras medidas esenciales y comunes a todas las urbes. 

Por su parte, el director gerente de UNO, Rafael Aguilera, ha comentado que la patronal de la logística ha diseñado un decálogo con medidas a abordar para guiar a las administraciones locales a diseñar sus propios planes. “La solución no es única, cada una tendrá que adoptar sus propias medidas”. En lo relativo a la logística y el transporte urbano, Aguilera ha recordado que el sector necesita “planes realistas para cumplir pequeños objetivos”. Respecto a la renovación de las flotas, “tenemos que ser conscientes de lo que supone para una empresa y la necesidad de ofrecer incentivos para ello”. En definitiva, la distribución urbana de mercancías (DUM) requiere “planes coherentes, razonables y seguridad jurídica”, además de innovación y digitalización. 

“Cada uno tendrá que adoptar sus propias medidas, pero fruto de un marco común”
Rafael Aguilera Director gerente de UNO

A modo de ejemplo y caso de éxito, el jefe del Servicio de Movilidad de la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB), Xavier Sanyer, ha expuesto la manera en la que se trabaja para implementar las zonas de bajas emisiones en su ámbito urbanístico y metropolitano. “Queremos expandir estas limitaciones a todas las zonas de ámbito municipal con mayor población ( más de 50.000 habitantes)”, para lo cual hemos creado en 2019 un grupo de trabajo para desarrollar diversos aspectos”, ha explicado el experto.

Este comité se encarga de estudiar el benchmarking a escala europea de otras ciudades para identificar la tipología de actuaciones a implementar, “aunque nos basamos en ciudades de menor tamaño y similares a nuestros municipios”, ha puntualizado. Asimismo, el grupo de trabajo identifica el parque afectado, la definición de medidas complementarias, la señalización y los sistemas de control de acceso y gestión de las sanciones. En el caso de la DUM, “hemos facilitado una moratoria de un año para su imposición y trabajamos en el diseño de una prueba piloto para ver cómo solucionar los problemas del sector de manera a poder escalar estas soluciones a otros municipios”. 

“Solo podrán accederán vehículos limpios y, los que no lo sean, descargarán en la zona habilitada”
Trinidad Hernández Directora de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga

En la experiencia del Ayuntamiento de Málaga, la directora general de Movilidad, Trinidad Hernández, también ha lanzado que “cada ciudad tiene su propia ordenanza y sería útil poder contar con un documento marco”. Esta ciudad está en vía de transformación para adoptar su propia zona de bajas emisiones de cara al próximo año, basado en el modelo de Barcelona, adaptado a las especificaciones de la ciudad andaluza.

Este concepto de zona de bajas emisiones hace uso de etiquetas de la DGT y sistemas de control como lectores de placas de matrículas y cámaras de vigilancia. La primera fase del proyecto prevé implantar entre 2021 y 2025 una zona de acceso limitado a unas 66 hectáreas, y para 2025, el consistorio malagueño prevé ampliar la zona en un total de 205 hectáreas para 2035. Para la distribución urbana, “solo podrán acceder a estas zonas aquellos vehículos que sean limpios, y los que no lo sean, deberán descargar en nuestra zona habilitada CUDE (Centro Urbano de Distribución Ecológica) para luego realizar desde allí un reparto con vehículos eléctricos”, ha especificado Hernández.