17 de septiembre de 2021 | Actualizado 15:13

Feteia y Transprime denuncian la reserva del derecho de cesión anunciado por Maersk

La naviera ha informado que se reserva el derecho de cesión de los contenedores de importación en el puerto de Barcelona desde el 15 de enero
Maersk

Las asociaciones españolas de transitarios (Feteia) y de cargadores (Transprime) han denunciado el anuncio realizado por la naviera Maersk de que se reserva el derecho de cesión de los contenedores de importación en el puerto de Barcelona a partir del día 15 de enero de 2021, “práctica que ya lleva realizando un tiempo en el puerto de Algeciras como SeaLand”. Ambas entidades han lamentado que esta decisión “supone un paso más en las iniciativas de carácter oligopólico llevadas a cabo en los últimos tiempos por las navieras: siete de los grandes armadores de contenedores controlan el 75% del mercado y 15 de las 27 alianzas están por encima del 30% permitido de dominio de mercado (estudio ITF 2019)”.

Esta nueva práctica “nociva del derecho de cesión del transporte no se ha puesto en funcionamiento en ningún otro país europeo donde el propio armador pretenda absorber, además del flete marítimo y las operaciones en la terminal, el transporte del contenedor también en su tramo terrestre”, han manifestado transitarios y cargadores. “Esta dañina iniciativa priva al cliente final de escoger la opción más conveniente para su flujo logístico y deteriora la calidad del servicio prestado. Este escenario es impracticable e inaceptable aún en un entorno de una prueba piloto, y cuenta con nuestra oposición más rotunda”, han añadido.

Esta práctica no se ha puesto en marcha en ningún otro país europeo, según los transitarios y cargadores

Feteia y Transprime han señalado que es “un nuevo paso de aprovechamiento de una situación ventajosa para tratar de dejar sin margen de actuación a los operadores económicos cuyo resultado final será el empeoramiento de los servicios prestados”. Las consecuencias “serán directas para los consumidores finales de los bienes y para todo el sector económico marítimo-logístico, con la posible destrucción de buena parte del mercado y de sus estructuras básicas de funcionamiento”. En este sentido, han apuntado que no cabe duda “que una decisión como ésta reducirá el número de prestadores de servicios y, por lo tanto, reducirá las opciones de mercado, afectando directamente a la calidad de la libre competencia”. “Estas iniciativas”, han continuado, “generan, a medio o largo plazo, un empeoramiento de la calidad del servicio y un encarecimiento de los precios que, en última instancia, afectará a todos los consumidores”.

Como recuerdan transitarios y cargadores, esta actuación “se une a otras surgidas desde el inicio de la pandemia y provoca múltiples conflictos en la cadena logística: subidas artificiales de precios, imposición de recargos y premiums para embarcar, blank sailings, cut & runs, falta de contenedores, prácticas que están provocando un empobrecimiento del servicio sumado a un encarecimiento artificial de fletes y costes colaterales”. En este sentido, han señalado que no debe obviarse “que en una situación de grave crisis generalizada como la actual, las navieras están obteniendo unos beneficios récord“.

Las dos entidades han remarcado que las navieras están obteniendo beneficios récord

“Todo lo expuesto”, han añadido, “es una muestra más de que el marco creado y legitimado por la normativa europea, Consortia Block Exemption Regulation, se utiliza como pretexto para integraciones verticales y acuerdos comerciales entre competidores, que genera efectos absolutamente perjudiciales para la integridad del mercado”. Por ello, han afirmado, “no tiene ningún sentido defender su vigencia, puesto que no cumple los objetivos para los que supuestamente se creó: la mejora de los servicios prestados al usuario final, más al contrario, se está fomentando un mercado oligopólico y con graves deficiencias”.

Los transitarios y cargadores españoles han instado “a la Comisión Europea y a las autoridades competentes españolas, a las que les trasladaremos oportuna denuncia, a que sigan las iniciativas de otras administraciones como la norteamericana, las autoridades de China y Corea del Sur”. En estos países, se han iniciado “exhaustivas investigaciones sobre las actuaciones de las navieras, todo ello con el objetivo de recuperar la normalidad operacional y de servicio necesarios en los flujos de transporte marítimo”.