27 de septiembre de 2021 | Actualizado 15:49

El pago por uso gana enteros con la desaparición de más peajes de autopistas en 2021

La finalización de tres nuevos tramos de autopista concesionados en septiembre añade presión para cambiar el actual modelo viario
Tramo de la AP-7 en Catalunya | E.M.

La paulatina finalización de vías de alta capacidad concesionadas ha avivado el debate para establecer el pago por uso en los últimos meses. En menos de un año, concretamente en septiembre de 2021, se añadirán tres nuevos tramos de autopistas estatales, que suman 378 kilómetros. Se trata de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, a su paso entre Alfajarín y El Vendrell, y dos nuevos tramos de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera y Montmeló y El Papiol, siendo este último el que más tráfico diario de vehículos pesados registra de los tres. Se unen así a los tramos de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, que revertieron a manos públicas hace aproximadamente un año.

Aún queda por saber el coste del mantenimiento de estas vías y cómo se sufragará. Ya en noviembre, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, abría la puerta a incluir la denominada viñeta en la red viaria cuyas concesiones venzan en los próximos meses y en las que ya eran gratuitas en 2020. Lo planteó introduciendo el matiz de que solamente afrontarían ese nuevo pago los vehículos pesados y los de paso.

La idea se enmarca dentro de los trámites de consulta pública del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que comenzaron en julio de 2020, y que buscan dar respuesta a los retos económicos, medioambientales y sociales que encara la movilidad de personas y mercancías. El objetivo del ministerio es modificar la actual fiscalidad sobre el transporte y sus fuentes de energía para fomentar la eficiencia energética, el uso de las energías renovables y la reducción de emisiones contaminantes.

Las empresas de transporte condicionan el pago por uso a que el Gobierno alcance primero un acuerdo con el sector

Desde las asociaciones de grandes constructores españoles y de mantenimiento de carreteras se ve con buenos ojos la filosofía de ‘quien contamina, paga’. En marzo de este año, Seopan propuso al Gobierno establecer un peaje de nueve céntimos para los vehículos particulares y otro de 19 para los vehículos pesados. No defienden la misma posición desde las empresas transportistas. Todas ellas, encabezadas por CETM, han rechazado en varias ocasiones el pago por uso por considerar que el modelo perjudicaría al transporte de mercancías por carretera y que los transportistas ya contribuyen suficiente a través de los diversos impuestos que afrontan. También la federación de transportistas Fenadismer recordaba ya en julio al Gobierno que el establecimiento de un modelo de pago por uso pasaba primero por establecer un acuerdo con el sector.

Nunca antes ningún Gobierno de ningún color político había planteado un método de pago por uso. De hecho, existe disparidad de posiciones al respecto de la tarificación de la red viaria española. Tanto Ejecutivos autonómicos como partidos de la oposición en Andalucía, Galicia o Valencia se han mostrado reticentes a establecer este nuevo impuesto. Sin embargo, desde Catalunya la recepción del proyecto ha sido favorable. Como comunidad autónoma más afectada por el modelo de peajes vigente hasta ahora, la Generalitat ofreció su red viaria como terreno de prueba del pago por uso para analizar si el plan debe o puede aplicarse en el resto del país.