19 de septiembre de 2021 | Actualizado 10:00

Anfac reclama claridad regulatoria y menores costes fijos para los puntos de recarga

La patronal reclama una acción conjunta para eliminar confusiones normativas y costes fijos e incentivar el consumo de vehículos eléctricos
Endesa X

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha emplazado a la Administración a eliminar las barreras y la confusión en las normativas de uso de los puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como a suprimir la presión fiscal y los costes fijos de dichos puntos. Son tres de las 16 peticiones que la patronal ha presentado hoy para fomentar el uso de vehículos eléctricos e impulsar el desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público. Los fabricantes de automoción consideran clave la cooperación entre el ecosistema de la movilidad eléctrica y los poderes públicos para cumplir los objetivos de descarbonización y la electrificación total del parque automovilístico en nuestro país, incluyendo las flotas de transporte de mercancías.

Según el Plan Nacional Integral de Energía y Clima puesto en marcha por el ministerio para la Transición Ecológica, se habrá alcanzado un total de cinco millones de vehículos eléctricos en España entre turismos, transporte urbano y vehículos de mercancías en 2030. Por ello, la patronal ve imprescindibles un marco regulatorio local “claro y simplificado”, ayudas directas a la instalación de los puntos de recarga mediante programas municipales y bonificaciones en impuestos para fomentar el despliegue de las infraestructuras necesarias.

Anfac marca como objetivo alcanzar 360.000 puntos de carga eléctrica para finales de 2030

“Las empresas del sector están haciendo enormes esfuerzos en inversión, innovación y promoción para mejorar la descarbonización del parque y cumplir los objetivos del país”, ha manifestado el director general de Anfac, José López-Tafall. Sin embargo, ha recordado que “es necesaria una actuación más contundente por parte de las administraciones para incentivar la compra de estos vehículos y abordar la escasez de infraestructuras de recarga a nivel urbano e interurbano”. El papel de las instituciones, según sus propuestas, pasa por alcanzar los 48.000 puntos de recarga de acceso público para el 31 de diciembre de 2022 e ir aumentando la proporción hasta los 360.000 en 2030. Para ello, apelan directamente a la red general de carreteras del Estado para que faciliten la declaración de utilidad pública de las infraestructuras eléctricas, cuyos servicios deberían equipararse a las estaciones de servicio a efectos normativos.

Las demás medidas se centran en plantear beneficios fiscales temporales en el Impuesto Especial sobre Electricidad, especialmente en aquellos puntos de recarga de vehículos eléctricos de más de 250 kW. También han abogado por garantizar la facilidad para el pago en los puntos de recarga mediante un servicio de roaming y la transparencia de costes en las facturas para evitar la arbitrariedad de precios.