16 de mayo de 2021 | Actualizado 11:01

La Ley contra el Fraude Fiscal pone en riesgo hasta 10.000 puestos de trabajo

Un estudio de Ernst & Young alerta sobre la deslocalización y concentración de la actividad de representación aduanera que podría conllevar
Puesto de Inspección Fronteriza del puerto de Cádiz | Autoridad Portuaria de Cádiz

El endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera contemplado en el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal supondría el desplazamiento de la actividad a otros países de la Unión Europea y la concentración del sector, lo que conllevaría la pérdida de hasta 10.200 empleos en España en 2025. Esta es la principal conclusión de un informe elaborado por la firma de servicios profesionales Ernst & Young. En este análisis de la consultora, se estima que las disposiciones contenidas en la actual iniciativa legislativa ponen en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas e impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica en un momento especialmente crítico como el actual, ha señalado el Consejo General de Agentes de Aduanas de España.

La nueva normativa convertiría a España en uno de los países con legislación más rigurosa de la Unión Europea

El ejercicio de una gran presión regulatoria sobre el sector aduanero podría terminar generando una concentración de mercado, según apunta el informe. Los agentes de aduanas españoles han señalado que se considera que las compañías multinacionales “se beneficiarán de disponer del músculo financiero suficiente para hacer frente a la elevada onerosidad que exige el proyecto de ley, y dado que también ofrecen servicios de representación aduanera, coparán la logística ligada a la exportación e importación de mercancías”. Este estudio estima que el desplazamiento de la actividad y la concentración de mercado derivaría en consecuencias negativas sobre el empleo, ya que podrían perderse entre 6.000 y 9.000 puestos de trabajo como consecuencia del desplazamiento de la actividad y entre 700 y 1.200 empleos como resultado de la mayor concentración empresarial, lo que sumaría una posible pérdida de ocupación para 2025 de entre 6.700 y 10.200 empleos.

La presión regulatoria podría derivar en concentración y deslocalización de la actividad de representación aduanera

En este sentido, los agentes de aduanas han señalado que el informe refuerza la idea de que el régimen “de responsabilidad que pretende introducirse a través del proyecto de ley pasaría a ser uno de los más rigurosos de la Unión Europea”. De esta manera, España saldría del grupo de países que aplican un nivel de restricción medio, y que incluye a los Estados con mayor volumen de comercio exterior como Alemania, Países Bajos, Italia y Francia y se equipararía con los poco competitivos desde el punto de vista del tráfico exterior, como Estonia, República Checa, Letonia o Polonia. El Consejo General de Agentes de Aduanas ha apuntado que este estudio advierte que una vez que se establezca el Despacho Centralizado Europeo, que permitirá operar desde Hamburgo o Rotterdam mercancías que han llegado a Algeciras o Valencia, “parece previsible que haya operadores que centralicen sus operaciones desde sedes en Países Bajos, Bélgica o Alemania y con ello eludan la aplicación del régimen de responsabilidad más riguroso que pueda estar vigente en España”.

ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
El Consejo General de Agentes de Aduanas de España ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una propuesta de 10 enmiendas al articulado del proyecto de ley con el fin de “subsanar los desequilibrios contenidos en el texto originalmente remitido por el consejo de ministros a las Cortes Generales”, ha apuntado la institución. En este sentido, la federación de transitarios Feteia también presentó a los grupos parlamentarios en noviembre enmiendas a este proyecto de ley. El presidente de Feteia-Oltra, Enric Ticó, manifestó que el “proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que demuestra un total desconocimiento del transporte y la logística internacional”. Además, añadió que, si se aprueba este proyecto, “tendremos que buscar alternativas logísticas en puertos y aeropuertos fuera de España”.