26 de febrero de 2021 | Actualizado 17:26

El Gobierno remite al Congreso el régimen sancionador contra la morosidad en el transporte

El inicio del trámite por vía de urgencia permitirá acortar a la mitad los plazos previstos para su aprobación
E.M.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el inicio de la tramitación administrativa por la vía de urgencia del anteproyecto que modificará la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) y que establecerá sanciones para castigar la morosidad en los transportes de mercancías por carretera. El trámite de urgencia permitirá acortar a la mitad los plazos previstos en la normativa y se produce cinco meses después de que el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y el Ejecutivo acordaran esta medida para evitar paros en el sector en julio de 2020. El anteproyecto debe ahora recibir la aprobación el Congreso de los Diputados y el Senado.

De este modo, se permite abordar de forma inmediata esta cuestión, reforzando el cumplimiento del plazo máximo legal de pago en el ámbito de las operaciones de transporte de mercancías por carretera”, situación que con la pandemia del Covid-19 se había visto comprometida por la falta de liquidez de algunas empresas de transporte, ha reconocido el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) valoran muy positivamente el avance en el anteproyecto de ley, si bien recuerdan que existe otro proyecto ya en marcha enfocado a sancionar la morosidad en todos los sectores económicos del comercio, y con el que se busca proteger al pequeño empresario de “las imposiciones y abusos de sus pagadores”, denuncian desde la patronal. La federación considera que esa normativa, que se encuentra más avanzada por haber sido impulsada directamente desde el Congreso de los Diputados, “podría afectar al proyecto de ley sectorial del transporte”.

Según la versión de Fenadismer, tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad (aprobada en 2014), el plazo de pago normalizado era de entre 30 y 60 días desde la prestación del servicio. “Sin embargo, en la práctica, la falta de un régimen sancionador sitúa el plazo de pago en 2020 en más de 80 días” en el sector del transporte, según los datos que maneja la patronal.