17 de octubre de 2021 | Actualizado 6:29

Asociaciones de ‘riders’ y plataformas reclaman más participación en la ‘ley rider’

La nueva ley establece que los repartidores son asalariados y obliga a las empresas a informar sobre el algoritmo de las aplicaciones
La ministra de Trabjo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa sobre la nueva normatica | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

El ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos (CCOO y UGT) y la CEOE llegaron este miércoles a un acuerdo mediante el cual se pone en marcha la nueva ‘ley de Riders’, un documento del que las asociaciones de ‘riders’ y de plataformas digitales se han sentido “excluidos”. Desde la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS) lamentan que “no han tenido en cuenta ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio”.

El acuerdo “reconoce la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor a través de una plataforma digital”, tal y como señala el comunicado emitido de forma conjunta por los agentes sociales. Además, han añadido, “la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles”. 

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado que esta medida supone una modificación en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, lo que implica que afectará, no solo a las aplicaciones de repartidores de cualquier tipo de mercancía a nivel nacional, “sino de todas las tareas que se desplieguen en las plataformas digitales del conjunto del país”. “Esto tiene muchísima relavancia, pues permite neutralizar que existan castigos algorítmicos para aquellos trabajadores que rindan ‘menos’ o para aquellos que desarrollen o propicien una huelga”, ha señalado Díaz. 

FALTA DE APOYO POR PARTE DE LA CEOE
La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda, bajo la que se amparan las plataformas de reparto a domicilio Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, así como algunas asociaciones de ‘riders’, han expresado su descontento con este acuerdo, que por ahora solo tiene una página y que previsiblemente se convertirá en real-decreto, según el ministerio. Stuart, por su parte, ha apuntado que, si bien la compañía “se adaptará a la legislación vigente”, consideran que ha habido una “falta de apoyo a las plataformas por parte de la CEOE”. 

“Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa del diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio ha sido tenido en cuenta”, destacan desde la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda en un comunicado. Señalan, asimismo, que “las cesiones de la CEOE han sido totales, incluyendo la obligación de revelar los algoritmos, una medida que sin duda afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España, además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial”. 

Las asociaciones de esta actividad reclaman participación en el proceso de elaboración de la norma

La Asociación Española de Riders Mensajeros también ha expresado su deseo de que se les incluya en una “verdadera mesa de diálogo social”, haciendo alusión a que representan a una mayoría de repartidores en España (1.000 de forma directa y 30.000 de forma indirecta, según datos de la asociación). Reclaman que, en vista de que la norma aún está completándose, haya “reuniones de seguimiento periódicas para revisión del acuerdo y reuniones adicionales con los equipos de operaciones de las empresas para resolución de incidencias puntuales”.

También desde la plataforma Adigital “confían” en poder trabajar “durante el proceso de elaboración de la norma para evitar este daño irreversible a un sector en pleno desarrollo, que está contribuyendo a la economía española y proporcionando un servicio de gran valor”. En este sentido, su intención es colaborar en el diseño de una regulación “inteligente y moderna, adaptada al siglo XXI, que proteja al trabajador, sin frenar la innovación ni la transformación económica y social”.

Los agentes sociales que han participado en la mesa de diálogo llegan a este acuerdo después de casi cinco meses que se ha resumido en tan solo dos disposiciones. Las empresas afectadas por esta nueva norma tendrán un tiempo de adaptación de 90 días que les permita cambiar sus marcos operativos, si bien la cuestión relacionada con la condición laboral de sus trabajadores ya fue ratificada por el Tribunal Supremo