26 de septiembre de 2021 | Actualizado 8:20

El puerto de Marín recurrirá al Supremo para evitar el fin de la concesión de la fábrica de Ence

El cierre de la factoría pondría en peligro la terminal de Grupo Nogar en el enclave pontevedrés, además de un tráfico de 400.000 toneladas
Puerto de Marín

La Autoridad Portuaria de Marín se personará en el proceso judicial que revoca la concesión de Ence en Lourizán. Así lo han decidido los miembros de su consejo de administración en una reunión extraordinaria. La entidad portuaria tiene de plazo hasta el día 28 de septiembre para realizar esta acción ante el Tribunal Supremo. Con una amplia mayoría, la Autoridad Portuaria de Marín defenderá los intereses de la biofábrica personándose en los recursos contencioso-administrativos que se tramitan en la Audiencia Nacional e interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El consejo de administración se convocó de manera extraordinaria petición de los representantes en el Consejo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, así como del representante de las organizaciones empresariales, el presidente del Grupo Nogar Víctor Nogueira. Este grupo logístico tiene en concesión la Terminal Cubierta o AWT en Marín, destinada exclusivamente al tráfico de pasta de papel de Ence. Como razón principal para celebrar esta reunión se citaron las “consecuencias económicas y sociales catastróficas que supondría el cese definitivo de la actividad de la empresa por la pérdida de empleo y de una de las principales fuentes de ingreso de la población rural de Galicia”.

La biofábrica de Ence en Pontevedra dispone de una plantilla de 400 empleados, que se verían afectados por su cierre, además de unos 2.700 trabajadores del área industrial, logística y transporte, según cifras aportadas por la compañía. Otras 2.100 personas trabajan en el sector forestal y dependen de esta factoría, por lo que se perderían en total unos 5.100 puestos de trabajo por su cese. Además, Ence utiliza el puerto de Marín para exportar prácticamente el total de su producción de Lourizán. Sus 400.000 toneladas exportadas se traducen en el 19% del tráfico portuario total y el 60% del tráfico de mercancía general convencional no contenerizada del puerto de Marín, según datos de la autoridad portuaria.

La pasta de papel de Ence supone una quinta parte del tráfico anual del puerto de Marín

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional estimó los recursos presentados por Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra contra la prórroga de concesión hasta 2073 en terreno marítimo público. Se apoyó en el artículo 32.1 de la Ley de Costas por la que es necesario justificar que las instalaciones, cuya prórroga de sustenta en su naturaleza, no puede cambiar de ubicación. La Audiencia Nacional dictó que Ence no había proporcionado suficientes pruebas que apoyasen este punto, aunque sí ofreció documentos que acreditaban la necesidad de estar cerca de agua dulce, pero no de que fuese imprescindible mantener su ubicación dentro del dominio marítimo público.

A mediados de julio, cuando se dictó la sentencia, Ence confirmó que recurriría ante el Tribunal Supremo e incluso ante la justicia europea la decisión de la Audiencia Nacional. Durante la prórroga de concesión, la empresa se había comprometido a poner en marcha un programa de inversiones de 47 millones de euros en Galicia y un plan social en Pontevedra de tres millones de euros al año. En caso de perder el litigio, el fabricante de papel podría trasladar su producción a la biofábrica de Navia (Asturias) y ampliar esta planta para que incrementase la producción en 340.000 toneladas de celulosa adicionales.