Competencia impone multas millonarias a un cártel en infraestructura ferroviaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 127,3 millones de euros a Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens y Thales. El motivo de la sanción, según el organismo regulador, es que crearon “un cártel que se repartió de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del ministerio de Fomento, Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif entre 2002 y 2017 para la construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del AVE y la convencional”. Además, la comisión ha multado a diez de los directivos de estas empresas por un importe conjunto de 483.000 euros por su participación en el cártel.
“Las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas”, ha subrayado la CNMC, “ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas”. Según la entidad reguladora, el cártel “ha tenido el efecto real de eliminar o al menos restringir significativamente la competencia en 82 licitaciones”. Durante sus 15 años de duración, ha apuntado el organismo, “las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones de euros”. Competencia ha recordado que, contra esta resolución, “no cabe recurso alguno en vía administrativa” y ha puntualizado que se puede interponer “recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación”.
En el año 2019, la CNMC sancionó con 118 millones de euros a 15 empresas por formar varios cárteles que se repartieron los concursos públicos para la electrificación de la red del AVE y la red convencional española y sus equipos electromecánicos. La información recabada durante ese expediente, “especialmente durante las inspecciones domiciliarias a algunas empresas”, alertó al organismo sobre la posible existencia de prácticas anticompetitivas que afectarían a licitaciones convocadas para las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones de las dos redes. “En consecuencia”, ha indicado, “la CNMC activó nuevas investigaciones e inspeccionó en mayo de 2017 la sede de Thales”. Posteriormente, tras la solicitud de clemencia presentada en junio de 2017 por Siemens, ordenó inspecciones domiciliarias en las sedes de Bombardier y Cafs, que tuvieron lugar en diciembre de 2017. “La investigación finaliza ahora con la resolución del presente expediente sancionador”, ha señalado.
REPARTO DE IMPORTES Y TECNOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN
La CNMC ha apuntado que el cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcatel (a partir de 2007 Thales) y Dimetronic (a partir de 2013 Siemens Rail), “con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE)”. Ambas empresas “se repartieron los importes adjudicados (en los acuerdos iniciales se fijó en el 50%, que después se ajusto al 55%-45%) y también la tecnología de señalización empleada en los proyectos”. De esta forma, explica Competencia, “pudieron introducir sus sistemas tecnológicos en los concursos ganados al 50% y se garantizaron también los contratos de mantenimiento y sus correspondientes renovaciones”. La CNMC ha señalado que, a partir de 2003, “se sumaron otras empresas al cártel: Siemens en 2003, NSN (actual Nokia) en 2007 y Cobra en 2008”.
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El cártel ha eliminado o restringido significativamente la competencia en 82 licitaciones
La entrada de nuevas empresas en el mercado y el hecho de que Adif introdujera cambios en 2011 en la evaluación del componente económico de las licitaciones favoreció la presentación de ofertas con precios más competitivos. “Sin embargo”, ha añadido Competencia, “en lugar de mantener la tensión competitiva iniciada en 2011, en la práctica, las empresas previamente competidoras acordaron establecer cuotas de reparto sobre las licitaciones y se incorporaron al cártel”. Así, según el organismo regulador, Alstom y Bombardier se unieron a partir de 2014 y Cafs en 2015. “Para cumplir los acuerdos pactados”, ha subrayado la entidad, “las empresas del cártel decidían qué UTE (participada por empresas del mismo) optaba a ganar cada licitación, presentando otras UTE o, en su caso, empresas del cártel de forma individualizada, ofertas de acompañamiento”. “Este tipo de acuerdos y prácticas concertadas”, ha añadido el organismo regulador, “revelan el uso de la UTE como instrumento habitual del cártel, sin que existiera una verdadera necesidad de utilizar dicha opción ni eficiencias que fueran trasladadas al órgano licitante”.