23 de enero de 2022 | Actualizado 8:02

El Gobierno desliga la definición de los cánones ferroviarios de los Presupuestos del Estado

Serán los administradores de infraestructuras ferroviarias los que fijen y modifiquen los cánones a partir de ahora
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El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de este martes, el proyecto de ley por el que se modifica la anterior ley del sector ferroviario (Ley 38/2015, de 29 de septiembre) para adaptarla a la ley de liberalización y al derecho de la Unión Europea. “Con esta reforma, se adapta la regulación vigente a la nueva realidad del sector y se da respuesta a las cuestiones planteadas desde la Comisión Europea”, explica el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En esta reforma, destaca el cambio en las competencias para la determinación de los cánones ferroviarios, hasta ahora en manos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El p rocedimiento seguido hasta ahora “no responde eficientemente a las necesidades actuales del sector, ya que trae consigo unas rigideces formales que condicionan su efectividad”, sostiene el ministerio. Ahora serán los administradores de las infraestructuras ferroviarias los que definan estos cánones, teniendo “un importante margen de decisión en esta labor, sujetándose en todo caso a los criterios y prescripciones que contiene la propia ley del sector ferroviario y de la UE”.

El ministerio de Transportes señala que, con la ley actual, no se dispone de flexibilidad para adaptarse a posibles cambios sobrevenidos que puedan producirse a lo largo de un año y que requieran matizaciones puntuales ágiles de los cánones. Estos también se pueden ver afectados por situaciones de prórrogas presupuestarias, lo que obliga a aplicar los cánones determinados del ejercicio anterior, sin tener en cuenta posibles evoluciones del sector “en un marco altamente dinámico como el actual”. Además, y debido a esta modificación en la ley, también se ha cambiado el nombre de estos cánones, pasando de ser “tasas” a “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario”.