2 de julio de 2022 | Actualizado 14:25

El gran consumo alerta del riesgo para la cadena de valor del futuro Real Decreto de la carretera

El Comité Nacional del Transporte por Carretera ha recibido el borrador de la norma y espera su aprobación en las próximas semanas
J.C.P.

La asociación de productores y distribuidores de gran consumo Aecoc ha alertado, ante la próxima aprobación del Real Decreto Ley para la regulación del transporte por carretera, que las medidas pactadas “con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) van a tener graves consecuencias para el tejido empresarial”. A juicio de los cargadores, “ponen en claro riesgo la competitividad y eficiencia de la cadena de valor”.

Por ello, Aecoc ha solicitado una reunión urgente con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para tratar el impacto de las medidas previstas. Por su parte, el Comité Nacional del Transporte por Carretera “ha recibido ya el borrador del Real Decreto Ley”, según ha confirmado su presidente, Carmelo González. Las empresas de transporte por carretera esperan que se apruebe en Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Aecoc ha destacado que el acuerdo “perjudica especialmente a las pymes, ya que muchas de ellas no van a poder soportar estas medidas”. En este sentido, ha añadido que la “gravedad de algunas de las propuestas es tal que muchas de ellas podrían ver comprometido el buen funcionamiento de sus negocios e incluso su supervivencia”. Además, según la asociación de cargadores, las propuestas realizadas “son de muy difícil cumplimiento y van a generar tensiones innecesarias en el sector”.

También denuncia Aecoc que el Real Decreto Ley “recoge, en realidad, las reivindicaciones de las organizaciones de las empresas de transporte pero, en ningún caso, las de muchos de los transportistas, y especialmente conductores, a los que la normativa trata de proteger”. Por ello, ha calificado de “incomprensible e intolerable” que se aprueben, vía Real Decreto Ley y en tan corto plazo, “medidas de tanto calado e impacto en el sector, sin contar con la parte que debe implementarlas y soportarlas, que son las empresas usuarias del transporte, y sin un análisis riguroso de sus impactos reales”.

En relación a la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga de los vehículos de más de 3,5 toneladas que recogerá la nueva norma, Aecoc considera que ocasionará “graves problemas para las empresas contratantes del servicio, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de competitividad y productividad muy perjudicial para el conjunto de la economía”. La asociación ha señalado que es “un grave error” que no se admita que esta cuestión “forme parte de los acuerdos de negociación entre las partes”. Las empresas contratantes del transporte, sostiene Aecoc, “no pretenden que se obligue al conductor a realizar estas tareas, sino simplemente que se permita que las empresas, de mutuo acuerdo y en función de las circunstancias, puedan decidir cuál es el mejor modelo en cada uno de los casos”. Asimismo, han recordado que, en caso de que sea el conductor quien realice estas tareas, “este hecho debe estar debidamente reflejado en el contrato, pagado aparte y realizado con las máximas garantías de seguridad, prevención de riesgos laborales y comodidad para el conductor”.

Aecoc demanda poder negociar la carga y descarga del conductor y la revisión del precio del combustible

Por lo que respecta a la revisión del precio de combustible, Aecoc ha recordado que ya “actualmente se contempla la revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo, permitiendo el libre acuerdo entre las partes”. La organización ha señalado que el Real Decreto Ley “elimina, también en este caso, la posibilidad de acuerdos bilaterales entre las partes”. “Esto implica”, ha añadido, “que todas las empresas con contratos de transporte han de renovar las condiciones económicas de acuerdo a las fórmulas fijadas por la Administración en las Condiciones Generales de Contratación. Las empresas de gran consumo han subrayado que están de acuerdo “en que las partes deban tener en cuenta las variaciones del precio del combustible”. “No obstante”, han matizado, “entendemos que no debería ser obligatorio aplicar las fórmulas de la Administración y que se debería dejar la puerta abierta a la libertad de pacto”. En este sentido han apuntado que las fórmulas planteadas por la Administración “no tienen en cuenta parámetros tan relevantes para el peso del combustible como, por ejemplo, la distancia recorrida”.

LA CARRETERA ESPERA LA PRONTA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO
El CNTC se muestra expectante ante la aprobación del nuevo Real Decreto Ley, según ha afirmado su presidente, Carmelo González. “Desde la dirección general de Transporte Terrestre nos dicen que se va a aprobar en el mes de febrero y nosotros esperamos que vaya en el próximo Consejo de Ministros”. El presidente de la organización ha señalado que continúan “las reuniones del ministerio con otros departamentos en comisiones para acabar de perfilar el texto definitivo”. Carmelo González ha concretado que el borrador de la norma que les ha sido enviado esta misma semana “recoge los acuerdos que se firmaron el pasado mes de diciembre”.