El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible deja fuera el pago por uso de las carreteras
El pago por uso de carreteras se ha excluido del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible presentado por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Consejo de Ministros para su toma en consideración en primera lectura. Lo ha confirmado la titular del departamento, Raquel Sánchez, que ha señalado que este anteproyecto “no define un modelo de pago por uso, que será fruto del consenso con los agentes implicados”. En este sentido, ha puntualizado que el texto legal “faculta al Gobierno a realizar el estudio de diferentes alternativas para establecer un mecanismo de financiación”. La ministra de Transportes ha reconocido que se trata “de una cuestión compleja que requiere el consenso de las administraciones, los agentes implicados y el sector, condición ‘sine qua non’ para definir el modelo”.
“El consenso con el sector es una condición ‘sine qua non’ para definir el modelo de pago por uso”
Raquel Sánchez Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
El Gobierno planteará el debate porque “las carreteras suponen importantes gastos a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, que pagamos entre todos” y ha recordado que ya “ha impulsado medidas para la liberalización de las autopistas, revertir las deficitarias y las que acababan su plazo concesional, que suponían un modelo que generaba desequilibrios territoriales”. Raquel Sánchez ha afirmado que hay que analizar “cómo hacer posible la financiación del mantenimiento y la conservación de las carreteras y no solo eso, sino la mejora y digitalización para que obedezcan a los principios de descarbonización de la economía, en la que el transporte juega un papel determinante”. En este sentido, ha recordado que el sector del transporte “es el responsable de casi el 30% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, y el transporte por carretera del 95% del total de estas emisiones”.
Las medidas contempladas en esta ley “permitirán reducir ineficiencias en el gasto en inversiones públicas, unos 8.000 millones de euros en una década”, según ha cuantificado la ministra. “Asimismo”, ha añadido, “se incrementará la productividad de las empresas hasta el 3,3% en un periodo de diez años y, dentro del respeto al marco competencial, tendrá efectos positivos para la unidad de mercado, la competitividad y la competencia”. Raquel Sánchez ha señalado también que el anteproyecto de Ley “contempla criterios para planificar inversiones con las que conseguir un mayor retorno social”. Para mejorar las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, se realizará una evaluación “multimodal antes de construir una infraestructura, se realizará un estudio de rentabilidad socio-económica y a los cinco años se realizará una evaluación pública de la que se informará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)”, ha apuntado Sánchez.
Las infraestructuras pasarán una evaluación multimodal antes de ser construidas
Por lo que respecta al transporte de mercancías, muchas de las “medidas para impulsar este sector se adelantan en la tramitación del Real Decreto Ley de medidas para mejorar la sostenibilidad del sector del transporte por carretera y las condiciones laborales de los conductores”, ha recordado el ministerio. Asimismo, el texto reconoce el transporte de mercancías “como servicio indispensable para la sociedad, tal y como se ha puesto de manifiesto en la crisis del Covid-19, debido a su relevancia en el sostenimiento de la actividad económica y en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía”, ha remarcado Raquel Sánchez.
El anteproyecto de Ley crea la Conferencia Territorial de Movilidad y Transporte
La propuesta normativa también crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible para facilitar la coordinación de las administraciones, con varios instrumentos. El ministerio ha destacado la Conferencia Territorial de Movilidad y Transporte, el Espacio de Datos Integrado de Movilidad para aglutinar la información actualizada sobre movilidad y, finalmente, un documento a modo de marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones. Además, el anteproyecto de Ley establece que los planes de movilidad urbana “deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos”, ha subrayado el ministerio.
