15 de agosto de 2022 | Actualizado 15:51

El Gobierno incluye aplazar el pago de la cuota social en el acuerdo del transporte

El paquete aprobado entrará en vigor el 1 de abril e introduce esta medida de forma adicional a las que componían lo acordado con el CNTC
La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (centro), en la última reunión con los agentes del transporte por carretera | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto Ley de medidas urgentes enmarcadas en el plan de contingencia contra la guerra de Ucrania, dentro del que se encuentran las medidas acordadas la semana pasada con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha desgranado el paquete de medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías por carretera, que supone la inyección de más de 1.000 millones de euros y que, según ha informado la ministra, incluye una medida adicional a las que componían el acuerdo: un aplazamiento en el pago de cotizaciones sociales para ayudar a reforzar la liquidez del sector.

Desde el sector se acoge con cierto recelo la aprobación del Real Decreto y se dan por hechas nuevas medidas

El paquete, que entrará en vigor en su conjunto el próximo día 1 de abril, recoge también otras medidas como las bonificaciones de 20 céntimos por litro de combustible que supondrá una rebaja de su precio para los transportistas hasta el 30 de junio. De los primeros 15 céntimos se hará cargo el Estado, mientras que los cinco restantes correrán a cargo de las petroleras. “El objetivo es apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del sector y poner en marcha las medidas sociales dirigidas a garantizar protección social para los autónomos”, ha asegurado Calviño.

De este modo, los transportistas se beneficiarán de una inyección pública de 1.050 millones de euros, donde se incluye la partida de 600 millones que se calcula que le costará al Estado la rebaja de los carburantes. Los otros 450 millones se vehiculan a través de las ayudas directas a las empresas transportistas de mercancías y de pasajeros. Con estas medidas, el Ejecutivo da por finalizada la crisis con el sector del transporte que desembocó en protestas y paros convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera y que hoy alcanzan su decimosexto día con una incidencia residual, según han constatado asociaciones de transporte y cargadores.

Por otro lado, se acorta el plazo de devolución del impuesto sobre los hidrocarburos, que pasa de ser de tres meses a un mes, como solicitaba el CNTC. También se recoge un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión del transportista. Además, el Gobierno se ha comprometido a adoptar una ley que garantice que los transportistas trabajen con un precio justo, sin incurrir en pérdidas durante sus servicios, como también pactó ya con la patronal mayoritaria del sector. La intención primordial, como ha recordado Calviño, es que sea similar a lo que se ha puesto en marcha con la Ley de Cadena Alimentaria. También se ha avanzado en una nueva línea de avales de 10.000 millones de euros por cuenta del Estado para empresas y autónomos, así como en la ampliación del vencimiento de los avales otorgados por la Administración General del Estado o por cuenta del Estado.

EL SECTOR VE LUCES Y SOMBRAS EN LAS MEDIDAS DEL REAL DECRETO
Aunque a nivel general la entrada en vigor del plan de contingencia se ha acogido con cierta esperanza, el sector todavía detecta signos de que las medidas podrían no ser suficientes. Un ejemplo es la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyos detalles aún están en el aire. “Nosotros, como cargadores, no podemos supervisar la cadena de subcontratación y creemos que podría ser inviable”, afirma la secretaria general de la Asociación de Cargadores de España (ACE), Nuria Lacaci, que precisamente se reúne esta tarde con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Para evitar este tipo de problemas, “la idea es que en futuras ocasiones no haya solo un comité, sino que también haya cargadores y transitarios” en las reuniones ministeriales.
Por otro lado, el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Juan José Gil, afirma que el sector está “preocupado” por el impacto de la subida de precios y da por hecho que “habrá que adoptar medidas complementarias”. Además, cree que la normativa de coste mínimo a la que se ha comprometido el Gobierno “no sirve para paliar una circunstancia estructural, sólo una coyuntural”. Desde el sector de la logística, el presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO), Francisco Aranda, opina que la inyección de 10.000 millones de euros en créditos “asfixiará más a las empresas, que ya no pueden hacer frente a lo que ya tienen, así que más deuda endurecería más su situación”.