2 de julio de 2022 | Actualizado 14:25

El Gobierno amplía el peso máximo a los eléctricos para impulsar su uso en última milla

El ministerio de Transportes permitirá a estos vehículos, limitados por el peso de las baterías, alcanzar las 2,5 toneladas de masa máxima
Daimler

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación en la normativa del transporte terrestre que permitirá superar la masa máxima autorizada (dos toneladas) a los vehículos eléctricos dedicados al transporte de mercancías de última milla. Concretamente, el límite se ha situado en 2,5 toneladas. Con el real decreto aprobado hoy, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) pretende corregir la limitación que supone el peso de las baterías eléctricas, que disminuye la carga útil del vehículo.

Hasta ahora, su mayor peso “provocaba que se les exigiera o bien unos requisitos correspondientes a vehículos de mayor tamaño o que redujeran su carga útil, lo que desincentivaba su uso para la distribución de última milla”, argumentan desde el ministerio. Sin embargo, ahora se permitirá que tengan la misma carga útil que un vehículo convencional equivalente, “sin necesidad de solicitar autorizaciones destinadas a vehículos de mayores dimensiones”.

Además, la modificación normativa también ha “perfeccionado” la regulación el certificado de competencia profesional que se requiere para ejercer la profesión de transportista, “con objeto de garantizar que los solicitantes dispongan de los conocimientos necesarios”. De este modo, cada respuesta errónea en el examen tendrá una penalización de 1/3, y además se flexibilizará la composición de los tribunales para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) a las necesidades de las comunidades autónomas.

Otra de las medidas aprobadas en Consejo de Ministros ha sido la eliminación a los solicitantes de una autorización de transporte público de mercancías por carretera de disponer de un vehículo con una antigüedad inicial no superior a cinco meses. De este modo, “se ha finalizado la adaptación del marco normativo a la sentencia del Tribunal Supremo”, manifiestan desde el Ejecutivo.