29 de junio de 2022 | Actualizado 16:56

Boluda pierde su batalla legal contra la antigua cúpula de Puertos del Estado de José Llorca

Una filial de Boluda se querelló contra la cúpula del organismo público por la entrada de competencia en el remolque de Las Palmas
Remolcadores de la flota de Boluda Towage and Salvage en el puerto de Las Palmas | Boluda

La sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso de apelación de la sociedad Remolcadores y Barcazas de Las Palmas (Rebapa), filial de grupo Boluda, contra la antigua cúpula de Puertos del Estado, encabezada por José Llorca. La compañía de Boluda ha sido condenada al pago de las costas del proceso iniciado en 2020, en el que acusaba a seis personas físicas y una jurídica de “un complot administrativo” para facilitar la entrada de competencia en los servicios de remolcadores en los recintos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La Audiencia Provincial de Las Palmas niega la existencia de un complot para perjudicar a la filial de Boluda

El auto al que ha tenido acceso esta publicación concluye que en modo alguno se justifica el denunciado complot. De hecho, el texto afirma que “el fallido ejercicio de esta acción penal pueda tener su origen en la posición dominante” de la empresa del grupo Boluda en el ámbito de los servicios de remolque y “lo que se trata de exteriorizar como una actuación ilegal e injusta no sea más que la apertura de la competitividad dentro de ese concreto servicio portuario”. En su momento, la filial de remolcadores de Boluda denunció ante la justicia un conjunto de actuaciones dilatorias y perjudiciales para sus intereses, entre otras imputaciones, que facilitaron, a su juicio, la entrada de un competidor (Fairplay) en el negocio del remolque en los puertos de Las Palmas. Dicha compañía ya no opera en los enclaves gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Rebapa vuelve a ser la única empresa de servicios de remolque.

La resolución judicial, sobre la que no cabe recurso, no aprecia “arbitrariedad e ilegalidad” de las actuaciones administrativas referentes a los pliegos de prescripciones particulares del servicio de remolque en Las Palmas que permitieron la entrada de Fairplay en este negocio de servicios portuarios. Aunque el auto reconoce una “cierta tardanza y puede que el trámite en cuestión podría haber sido más dinámico”, “no es de recibo considerar que ese retraso o parón se haya hecho a conciencia, que se haya hecho solo en la provincia de Las Palmas y que se haya hecho de manera torticera e injusta”. Por tanto, sostiene que no se aprecia “un actuación pública consensuada con el fin de aplicar una normativa desfasada” para “favorecer a terceros interesados en contra de los intereses legítimos de otros”, en referencia a la filial del grupo Boluda. Tampoco observa la Audiencia Provincial de Las Palmas “maquinación fraudulenta a tal fin orquestada, ni la consiguiente causación de resultados ilegales, con ocultación de información pública ni con menoscabo para las arcas públicas”.

Remolcadores y Barcazas de Las Palmas ha sido condenada al pago de las costas del proceso iniciado en 2020

Respecto a las acusaciones sobre malversación, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, la decisión judicial también apunta que “de la querella no se desprenden indicios de ninguna desviación de fondos públicos ni de infidelidad alguna en la custodia de documentos”. El auto concreta que “no se vislumbra desvíos de fondos públicos” de una supuesta y no justificada condonación de fianza de 173.000 euros, como denunciaba la filial del grupo Boluda. En lo concerniente a “la custodia de documentos públicos y que gira en torno a la ocultación de un informe vinculante de Marina Mercante” sobre el número mínimo de remolcadores necesario para la prestación de dicho servicio portuario, “no hay base alguna para decir que ese informe se haya ocultado, de manera voluntaria y con finalidad manipuladora”, para posibilitar la entrada de Fairplay en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, afirman los magistrados.