29 de junio de 2022 | Actualizado 18:16

El Supremo da la razón a Correos y anula el contrato de acceso a la red postal propuesto por la CNMC

Competencia pedía modificar las condiciones técnicas y económicas para asegurar la transparencia y la no discriminación a los operadores
Correos

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que llevó a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra una sentencia de la Audiencia Nacional favorable a Correos. Dicha sentencia rechazaba la resolución de la CNMC sobre el contrato tipo de acceso a la red postal de la compañía pública. Ese contrato tipo es, según la definición del propio organismo, un documento estándar que Correos ofrece a las empresas competidoras cuando quieren acceder a su red postal en términos de clasificación, transporte y distribución de envíos de cartas y paquetes de hasta 20 kilos de peso. La resolución de Competencia sobre el contrato de acceso a la red se aprobó en 2018 y exigía a la empresa pública su modificación para asegurar “la transparencia y la no discriminación” a los distintos operadores, según la resolución del organismo.

El Tribunal cree que la CNMC excede sus competencias y apoya íntegramente los argumentos de Correos

Correos recurrió ante la Audiencia Nacional, que falló su favor. La CNMC apeló al Tribunal Supremo junto a otras entidades, como la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulación de Correspondencia (Asempre), la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) y Gureak Marketing. Sin embargo, el Supremo ha apoyado íntegramente los argumentos esgrimidos por Correos en una sentencia que “clarifica los límites al ejercicio de competencias por parte de la CNMC”, según el comunicado emitido por el operador público. Por su parte, UNO ha declinado pronunciarse sobre la deicisión judicial del Tribunal Supremo.

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
A partir del análisis que realizó, Competencia instó a Correos a realizar una serie de mejoras “para garantizar que existen unas condiciones transparentes y no discriminatorias”, según enunció el organismo en su momento, amparándose en la Ley Postal. Dichas mejoras afectaban al lugar de admisión, los requisitos de presentación, clasificación y depósito en contenedores; a los volúmenes mínimos de admisión; al proceso de cálculo de los envíos a zonas de alto coste; al número de depósitos diarios; y a los medios y condiciones de pago.

Por otro lado, la CNMC quiso asegurarse que los precios que Correos cobraba a sus competidores por estos servicios estuvieran calculados “en función de los costes de producción que afronta”. Los descuentos que Correos aplicaría se clasificaban en descuentos por volumen, bonificaciones o penalizaciones a zonas de alto coste, descuentos por regularidad y por grado de clasificación.

El operador público postal recurrió a la Audiencia Nacional por la vía contenciosa-administrativa y obtuvo una sentencia favorable. Según el tribunal, las atribuciones de la CNMC “no respondían a un juicio de necesidad y proporcionalidad” y abogaba por evitar “un excesivo intervencionismo”. Asimismo, la Audiencia Nacional aseguró que la CNMC “imponía injustificadamente tarifas mínimas de acceso” y que “carecía de competencias para imponer los descuentos a los grandes clientes”. La sentencia iba más allá dando por válida la propuesta de contrato de acceso de Correos y asegurando que los precios propuestos por Competencia obligaban al operador a subir sus tarifas en el mercado minorista.

Ahora, el Tribunal Supremo ratifica esa sentencia y asegura que “no corresponde a la CNMC fijar por sí misma y sin matices las condiciones que Correos ofrece al resto de operadores postales para el acceso a su red postal”. Según el tribunal, la función de la CNMC debe ceñirse a comprobar que las condiciones del operador público cumplen con los requisitos, pero sin llegar a estar legitimada a imponer por sí misma dichos requisitos. Además, el Supremo no considera que diferenciar descuentos por volumen ofrecidos a clientes minoristas y a operadores postales suponga una discriminación. “La posición de los clientes minoristas no es equiparable a la de los operadores alternativos, quienes cuentan con sus propias redes de reparto y hacen un uso residual de la de Correos”, lo que justificaría esa diferenciación, según la sentencia del Supremo.