La Cambra de Contractistes reclama la revisión de precios de obra ante el alza de los costes
El impacto de la guerra de Ucrania sobre los costes energéticos, sumado a los incrementos en el asfalto y otras materias primas desde la pandemia, ha generando una “tormenta perfecta” en el sector de la construcción, provocando una subida superior al 30% en los costes de las obras públicas. Así lo ha asegurado este jueves el presidente de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó. Ante esta situación, y ante el déficit de ejecución de infraestructuras en Catalunya, la entidad reclama que “se apliquen los mecanismos existentes de adaptación de precios a la realidad del mercado” en todas las obras que salgan a concurso, utilizando el mecanismo de revisión de precios “que la ley ya prevé” en la actualidad.
“Pasan tres años entre licitación y ejecución, y eso nos obliga a utilizar presupuestos desfasados”
Joaquim Llansó Presidente de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya
De este modo, exigen al Gobierno central que “cumpla la ley”, pues ese es el estatus que tienen los Presupuestos Generales del Estado, y ejecute las obras licitadas en Catalunya. “Hemos hecho una proposición no de ley, que ha presentado el grupo parlamentario de JuntsxCat, para que todas las obras que tienen que salir a concurso se actualicen debidamente, pues se están quedando desiertas”, asegura Llansó. Concretamente, un total de 289 obras licitadas en 2021 y 53 en 2022, o bien no lograron ser adjudicadas por falta de empresas interesadas, o bien la empresa adjudicataria decidió que no le salía rentable en el momento de llevarla a cabo.
Esta dinámica se atribuye, en parte, al incremento de precios sostenido en las materias primas desde la llegada de la pandemia, acuciado por el alza de costes del gas y la electricidad producido a partir de la guerra en Ucrania. “El año pasado quedaron desiertas 289 por un total de 66 millones, con una media de 210.000 euros por obra. En lo que va de año, llevamos 54, con un presupuesto de 15,7 millones y un importe medio de 300.000 euros”, ha sentenciado Llansó. De este modo, debido a los retrasos acumulados, “en todo el proceso hasta que se licita terminan pasando dos o tres años, y eso significa que estamos trabajando con presupuestos completamente desfasados” a la hora de ejecutarse las obras.
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Por su parte, el secretario general de la CCOC, Ignasi Puig, ha criticado las medidas introducidas por el Gobierno para atajar este aumento de precios, por medio de un real decreto introducido en marzo y otro complementario, en junio. Bajo este sistema de indexación del coste a la inflación, “la mayoría de obras quedan fuera”, ha lamentado, pues la revisión se limita tan solo a algunos materiales y a obras de duración mayor a un año. Según ha argumentado, el redactado de ambos decretos es “confuso” y además incluye únicamente a la administración central y a la Generalitat -que se añadió de forma voluntaria-, pero excluye a los ayuntamientos -aunque se pueden añadir voluntariamente-, que en 2021 licitaron más de la mitad del total de obras públicas.
De este modo, “el real decreto es una medida excepcional y bienvenida, pero es insuficiente, porque genera desigualdades entre las empresas y está mal diseñado”, ha lamentado Puig, por lo que “está produciendo problemas en su aplicación”. Por estos motivos, la CCOC ha pedido “una revisión, para clarificar los puntos oscuros de estos reales decretos”, así como “para arreglar toda una tipología de contratos de mantenimiento de carreteras”, que no se contemplan en el mecanismo de revisión de precios. Esta circunstancia provoca que “estemos operando con precios de dos o tres años, cuando precisamente el asfalto es lo que más se ha incrementado”.
RECUPERACIÓN LENTA DEL SECTOR
La entidad catalana ha lamentado la lenta recuperación que registró el sector de la construcción en 2021, cuando creció el 1,6%, por debajo del conjunto de la economía catalana (5,8%). A pesar de la incertidumbre generada por los acontecimientos recientes, con “una guerra que se está manteniendo más de lo esperado”, Joaquim Llansó augura un crecimiento superior, del 4%, aunque inferior a lo previsto a inicios del año debido a los efectos de la guerra.
“Algunos indicadores ofrecen buenas expectativas”, ha celebrado, aunque ha lamentado el condicionante que supone el déficit de inversión del Estado en infraestructuras (en relación al PIB catalán), que la CCOC cifra “en 35.000 millones de euros para el período 2009-2020”. Este dato, sumado al del déficit de ejecución presupuestaria -según los datos estatales, del 35,77%, mientras que en la comunidad de Madrid se sitúa en el 183,97%- motiva que los contratistas catalanes “pidamos explicaciones, porque es un problema de voluntad política”, ha manifestado Llansó.
