7 de octubre de 2022 | Actualizado 0:01

Competencia fija los criterios para supervisar los precios en las instalaciones ferroviarias

El organismo ha determinado una metodología para el cálculo del beneficio razonable, coherente con la que utiliza en otros sectores
J.C.P.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha clarificado mediante una comunicación los criterios que utilizará para supervisar los precios que las distintas compañías de tren deben pagar por acceder a las instalaciones ferroviarias (estaciones, terminales de mercancías y talleres) y a los servicios que se prestan en ellas. “El documento”, ha indicado el organismo, “clarifica los criterios para determinar los costes imputables a los servicios y dota de certidumbre a los explotadores de las instalaciones de servicio ferroviaria”. También desarrolla el concepto de “beneficio razonable, asimilándolo al Coste Medio Ponderado del Capital (WACC por sus siglas en inglés)”.

Los precios no deben superar los costes más un beneficio razonable para cumplir con la normativa

Asimismo, Competencia ha fijado una metodología para el cálculo del beneficio razonable, “coherente con la que usa en otros sectores bajo su supervisión”. La CNMC “concluirá que los precios cumplen con la normativa si, de acuerdo con las cuentas aprobadas y auditadas, los ingresos obtenidos por la prestación del servicio no superan los costes más un beneficio razonable en los tres ejercicios anteriores”, ha señalado el organismo. Esta clarificación “proporciona seguridad jurídica a explotadores de instalaciones de servicio, sin imponerles nuevas obligaciones adicionales a las ya establecidas por el artículo 101 de la Ley del Sector Ferroviario, ni cargas administrativas excesivas”.

El organismo ha recordado que el acceso a estas infraestructuras pertenecientes a Adif, Renfe y otras empresas, “es esencial para que las compañías de viajeros y mercancías puedan desarrollar su actividad, y está regulado en la Ley del Sector Ferroviario”. Competencia ha subrayado que la ley “exige un acceso no discriminatorio, transparencia en las condiciones de acceso y de prestación de los servicios y la orientación de los precios al coste más un beneficio razonable en el caso de los servicios básicos, y también de los complementarios y auxiliares cuando solo hay un posible prestador”.