Las empresas recelan del control de Bruselas sobre la supply chain en caso de emergencias

La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto durante dos años la interdependencia de las cadenas de valor a nivel mundial, y especialmente las deficiencias estructurales en las respuestas a las situaciones de emergencia de forma coordinada ante el cierre unilateral de fronteras. La necesidad de poner en marcha planes de contingencia no ha pasado desapercibido para la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario hizo público el mes pasado un primer borrador del Instrumento de Emergencia del Mercado Único (SMEI, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es funcionar como marco de gobernanza de crisis para mitigar posibles efectos negativos sobre las cadenas de suministro europeas y preservar la libre circulación y el transporte de bienes esenciales. Con este planteamiento coincide el grueso de las entidades, pero su aplicación y una posible pérdida de competitividad preocupa sobre todo al comercio, que percibe riesgo de intromisiones por parte de la Unión Europea (UE).

“Nos dotaremos de herramientas que los socios mundiales tienen y de las que carecemos”
Margrethe Vestager Comisaria europea de Competencia

Con esta legislación, Bruselas estaría abriendo la puerta a ganar poder en las cadenas de suministro comunitarias para asegurarse de que los bienes esenciales tengan garantizada su circulación en circunstancias de emergencias internacionales, como lo fue la pandemia, por tensionado que esté el mercado. Para ello, la Comisión Europea tendría la potestad de pedir información a las empresas privadas (tanto fabricantes como cargadoras y transportistas) sobre sus contratos y se reservaría el derecho de penalizarlas si dicha información no fuera correcta o se negaran a proporcionarla.

Este instrumento contempla la creación de varias situaciones de alerta. Una primera de vigilancia, que se activaría por una decisión de la propia Comisión Europea y permitiría el seguimiento de las cadenas de suministros que se consideren de importancia estratégica. Esta situación podría prolongarse durante seis meses y podría mantenerse o desactivarse, según el examen de los socios comunitarios. Al nivel de emergencia se llegaría por una decisión de los Estados miembros a propuesta de la Comisión Europea cuando la crisis pudiera tener un impacto severo sobre el mercado único. En este punto, están contempladas medidas como la exigencia de transparencia a los Estados en sus informaciones y la exigencia de que prioricen los pedidos que les realice el sector público. Si se niegan, deberán justificarlo con razones de peso. Su duración sería también de seis meses prorrogables, según contempla el borrador normativo.

“En lugar de confiar en acciones improvisadas, el Instrumento de Emergencia del Mercado Único (SMEI) proporcionará una respuesta estructural para preservar la libre circulación de bienes, personas y servicios en tiempos adversos”, ha afirmado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. Europa justifica el empleo de esta propuesta, que todavía debe ser sometida a debate y votación por parte de los Veintisiete, en que “garantizará una mejor coordinación con los Estados miembros y dotará a Europa de herramientas que nuestros socios mundiales tienen y de las que nosotros carecemos”. Una vez haya pasado el filtro de los organismos de la UE, el planteamiento no abarca todos los sectores económicos, ya que deja fuera a aquellos que ya están regulados por otras normas en caso de situaciones de emergencia, como los semiconductores, que aspiran a una regulación con la Ley de Chips, productos y máquinas médicas o seguridad alimentaria.

“Existe peligro de pasarse de la raya y crear inseguridad jurídica por la amplitud de criterios”
Ben Butters Director general de Eurochambres

Desde las cámaras de comercio e industria europeas (Eurochambres), apoyan la creación de este nuevo marco de gobernanza, pero piden un reequilibrio de prioridades y mayor seguridad jurídica para evitar “la imposición de restricciones arbitrarias” que puedan afectar negativamente a la libre circulación de personas y bienes. El director general de Eurochambres, Ben Butters, ha advertido del “peligro de pasarse de la raya y crear inseguridad jurídica porque los criterios de activación están definidos de forma demasiado amplia”. Por ello, la entidad empresarial ha solicitado una redacción más precisa y la aclaración sobre cómo decidir los distintos modos de emergencia. Tampoco convencen al comercio las multas a las empresas si no realizan el ejercicio de transparencia exigido por Bruselas. “Esto último no está justificado”, afirma Butters.

Estimación del número de operaciones económicas o usuarios que dependen del sector o sectores del mercado único con dificultades para suministrar bienes o servicios

La importancia de los bienes o servicios afectados para el funcionamiento de otros sectores

Las repercusiones, tanto en grado como en duración, sobre las actividades económicas y sociales, el medio ambiente y la seguridad pública

Incapacidad por parte de los operadores económicos afectados para ofrecer una solución en un plazo razonable a los aspectos particulares de la crisis de forma voluntaria

La importancia del agente económico afectado para mantener un nivel suficiente de suministro de los bienes o servicios, teniendo en cuenta la disponibilidad de medios alternativos para su suministro

La ausencia de bienes o servicios sustitutivos

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Fuente: : Artículo 13 del borrador del Instrumento de Emergencia del Mercado Único

Respecto a la transparencia, desde el bufete de abogados Navas Cusí, su socio director, Juan Ignacio Navas, hace alusión al comportamiento actual de los Estados miembros, que, a su jucio, "si continúan actuando sin transparencia y no mencionan el periodo de vigencia de las restricciones, las cadenas de comercio internacional inevitablemente se encontrarán, y ya lo están, en completo desequilibrio". No obstante, dado que se trata de unas condiciones coyunturales, Juan Ignacio Navas cree que la propuesta europea conlleva una influencia legítima por parte de la Comisión Europea en los contratos de las empresas privadas. Opinión que también comparte la directora general de a Asociación Europea de Transitarios, Transporte, Logística y Servicios Aduaneros (Clecat), Nicolette van der Jagt: "Los criterios son lo suficientemente claros como para demostrar que esto solo sería legítimo bajo situaciones extremas, en las que las fuerzas de mercado por sí solas podrían no ser capaces de superar la crisis sin apoyo externo".

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Desde Clecat señalan, además, que el proyecto del SMEI cuenta con una base jurídica descrita en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se detalla el funcionamiento de mercado interior y libre circulación de personas y trabajadores en situaciones en las que dar prioridad al transporte de mercancías esenciales, como medicamentos, equipos médicos y alimentos. Sin embargo, quedan dudas en el sector de cómo empezar a aplicar esta herramienta de ser aprobada y de si las compañías están preparadas para acoger esta normativa. Según el abogado Juan Ignacio Navas, "las empresas sanitarias ya han demostrado estarlo para cumplir con medidas parecidas al SMEI", argumenta aludiendo al suministro y distribución de vacunas.

El socio director de Navas Cusí no duda de que, bien aplicada, esta normativa aseguraría la competitividad entre las empresas europeas, aunque desde Clecat, Nicolette van der Jagt queda a expensas de evaluar su aplicación. "No obstante, creemos que en tiempos de crisis como los actuales, podría ser necesaria". Una teoría que invita a analizar si este instrumento llegaría a tiempo de aplicarse para apaciguar los efectos de la guerra de Ucrania y de los sobrecostes de la energía y las materias primas que amenazan con tensionar la cadena de suministro durante varios meses más. Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea han rechazado pronunciarse a este caso en concreto, aunque sí indican que, de haberlo tenido en marcha, el mecanismo habría permitido "reaccionar y responder rápidamente a la escasez de cereales o de gas".