29 de enero de 2023 | Actualizado 7:01

Barcelona propone gravar a los grandes operadores postales por el uso del espacio público

El consistorio espera aprobar la medida de forma definitiva en su plenario de febrero para ponerla en práctica justo después
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona tramita una tasa que aspira a aplicar a los grandes operadores de última milla por el uso de espacio público que realizan en sus repartos. Desde el consistorio se destaca que “el comercio electrónico ha ganado peso en la ciudad” desde la pandemia, “y eso ha comportado que grandes empresas” de este sector “estén haciendo gratuitamente un uso especial del dominio público para ejercer la entrega de los paquetes que se compran a través de sus plataformas”. Por ello, el ayuntamiento de la capital catalana “considera necesario desarrollar un instrumento fiscal que permita gravar este uso”.

La tasa se aplicará “a todos aquellos operadores postales con ingresos brutos procedentes de su facturación anual que sean superiores a un millón de euros obtenidos por entregas a destinos finales indicados por consumidores de Barcelona”, y el ayuntamiento espera hacerla efectiva a finales de febrero de 2023. Amazon fue calificada como operador postal en septiembre de 2020 y será una de las empresas más afectadas por la medida.

El ayuntamiento considera que el modelo de distribución genera desigualdad con el comercio de proximidad

Según informa el consistorio, con su propuesta “quedan afectadas todas aquellas grandes empresas que actúan en el mercado como operadores postales, realizando carga y descarga en la vía pública, mediante cualquier clase de vehículo, con la finalidad de distribuir a los destinos finales indicados por los consumidores” los paquetes adquiridos por ecommerce. El ayuntamiento considera que el régimen de distribución actual genera “desigualdad de condiciones competitivas con el comercio de proximidad”, “congestión del espacio público e incremento de la contaminación”, y señala que “el aprovechamiento del espacio público para ‘mercadear’ es un factor productivo para los operadores postales” que les “aporta un beneficio extraordinario del que no disfrutan las actividades comerciales físicas de la ciudad”. La tasa se enmarca dentro de la estrategia de Distribución Urbana de Mercancías (DUM) 2030 presentada el 15 de febrero por la entidad municipal.

Desde el ayuntamiento han detallado que “la cuantía de la tasa se fija en función de un porcentaje sobre los ingresos brutos facturados por la empresa, una vez descontadas las operaciones excluidas de tributación”. Concretamente, se divide el valor calculado del “beneficio extraordinario” tasado en 2,6 millones de euros al año entre “la facturación total en Barcelona, de unos 200 millones de euros”, lo que arroja un resultado del 1,25%. Ese sería el tipo impositivo de la tasa. Con todo, “el importe a satisfacer por el conjunto de operadores no podrá superar el límite fijado para el aprovechamiento (los 2,6 millones)”. La figura de la tasa se propone debido a que “es la única que se ajusta al régimen legal”, pues el Ayuntamiento “no puede crear nuevos impuestos”, han recordado desde la institución.

El nuevo gravamen de Barcelona solo se aplicará a los actores calificados como operador postal

No obstante, el nuevo gravamen no se aplicará al transporte de mercancías que no intervenga en el mercado como operador postal, ni tampoco a las actividades de distribución B2B. Tampoco a la distribución a comercios dentro del entorno urbano, ni a los repartos efectuados sin utilizar ningún tipo de vehículo. Tampoco afectará a las paqueteras con una facturación inferior al millón de euros. Asimismo, también quedan exentos aquellos repartos destinados a los puntos de conveniencia, sobre los cuales el consistorio prevé “crear un registro municipal” para asegurar la correcta tasación del gravamen. Sí que aplica, sin embargo, “en caso que una empresa sujeto subcontrate actividad a otras empresas o autónomos”, aunque la tasa correrá a cargo del operador postal. En el caso de grupos de empresas, “pagará el que tenga más facturación anual”, detalla el consistorio.

2,6 millones de euros

El consistorio cifra en 2,6 millones de euros el beneficio por uso del espacio de los operadores

La nueva tasa es fruto de un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el grupo de Esquerra Republicana (ERC), y, según esgrime el propio ayuntamiento, convertirá a Barcelona “en la primera ciudad en aplicar” un coste “al comercio electrónico”. En cuanto a su entrada en vigor, el consistorio también ha detallado un calendario. Tras varias fases de tramitación, la iniciativa debería someterse a su aprobación definitiva en el plenario municipal del 24 de febrero de 2023. Después, su efecto sería inmediato una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), el día 28 del mismo mes.