12 de julio de 2024 | Actualizado 10:29

La ley de Movilidad Sostenible sigue hacia las Cortes con el foco en la competitividad logística

La normativa se aprobará en 2023 y, entre sus medidas, incluye planes de ordenación de la DUM en cooperación entre municipios colindantes
E.M.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al proyecto de ley de Movilidad Sostenible que será remitido a las Cortes para su tramitación y aprobación en 2023, cumpliendo así con uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) acordado con la Comisión Europea. Tras esta aprobación en segunda lectura, el texto inicia la tramitación parlamentaria para su aprobación, lo que permitirá disponer de “una herramienta fundamental para promover la descarbonización y digitalización del transporte, contribuyendo a lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, en palabras del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Uno de sus focos es la mejora de la competitividad en el transporte de mercancías y la logística, cuyo papel se considera “un servicio indispensable para la sociedad”. De tal forma, el texto asegura que “se implementarán las medidas adecuadas para que aumente su eficacia y competitividad y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor”.

20.000 – 50.000 habitantes

Se lanzarán planes de movilidad sostenible simplificados para municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes

En este sentido, el ministerio asegura que la ley creará un marco de competencia justa “que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de los consumidores”. Muchas de las medidas ya se adelantaron en la tramitación del Real Decreto Ley de medidas para mejorar la sostenibilidad del sector del transporte por carretera y las condiciones laborales de los conductores. A nivel estatal, se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados. También se establece que estos planes deberán contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos, una medida que, como recuerda el ministerio, ha sido largamente demandada para facilitar el transporte y la logística de última milla entre ciudades.

La ley definirá nodos logísticos de importancia estratégica y nodos logísticos de interés autonómico

Se apoyará también la actuación de otras administraciones mediante la publicación de directrices, guías y documentos de buenas prácticas. La ley también apuesta por la gestión eficiente en las terminales de transporte, la implementación de carriles reservados a transporte colectivo o vehículos de alta ocupación, el establecimiento de puntos de energías limpias en puertos y aeropuertos, el fomento del transporte ferroviario de mercancías y la coordinación entre administraciones para la mejora de la cadena logística. En este punto, la ley establecerá nodos logísticos de importancia estratégica y nodos logísticos de interés autonómico. Para ello, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que consta de varios instrumentos: un foro de cooperación de movilidad sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de las administraciones con el sector y los usuarios; un instrumento digital para garantizar la disponibilidad de datos relativos a la movilidad (EDIM); y un documento a modo de marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones (DOMOS).

Por otro lado, la norma regulará soluciones como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura, operadores públicos y privados. Esta digitalización ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones de todos los actores del sistema de movilidad, según sostiene el Ejecutivo. También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones (ZBE) que se regulan en la ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, la ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si la implementa o no.