La patronal logística UNO recurre a la justicia para frenar la tasa Amazon en Barcelona

La asociación empresarial española de operadores logísticos UNO ha presentado un recurso admitido a trámite por el El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la implementación de la conocida como tasa Amazon, el gravamen del Ayuntamiento de Barcelona sobre los grandes operadores postales que actúan en la ciudad. La patronal logística ya había manifestado su oposición cuando se anunció la aplicación de la medida, y ahora esgrime la inconstitucionalidad de algunos de sus principios para solicitar judicialmente su suspensión. Aunque el TSJC ha aceptado el trámite de la demanda “por la necesidad de estudiar en profundidad las alegaciones presentadas”, según fuentes de UNO, no ha procedido a la suspensión cautelar de la ordenanza municipal “aludiendo al margen temporal de que dispone” para decidirlo. La tasa entró en vigor a principios de mes y el primer abono de las empresas afectadas debería materializarse antes del 31 de julio de 2024.
“La tasa vulnera el artículo 18.3 de la Constitución española”
Francisco Aranda Presidente de UNO
“Esperamos que el TSJC estudié en profundidad los argumentos ofrecidos por nuestra patronal para dejar sin vigor esta tasa que lastrará el devenir económico y social de Barcelona” ha manifestado el presidente de UNO, Francisco Aranda. Entre sus argumentos, la patronal alega inconstitucionalidad por el tipo de información que la medida municipal obliga a revelar a los distintos actores que participan en la distribución de la ciudad. Según su presidente, “vulnera el artículo 18.3 de la Constitución española, puesto que obliga a los operadores postales a reclamar información por parte de la empresa que realiza un envío para saber si proviene de una venta por internet y también a incluir en la liquidación del tributo información sensible, como los lugares de entrega de los envíos o la naturaleza del destinatario”. Ello, a su vez, “impide garantizar el secreto de todas las comunicaciones postales a no ser que lo exija una resolución judicial”, añade Francisco Aranda.
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Por otro lado, UNO también considera que la penalización por el uso del espacio público, principal argumento tras la tasa del consistorio catalán, ya estaba recogida en la norma de “estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública” y, por ello ,la nueva tasa sobrepenaliza a los operadores en ese aspecto, a juicio de la asociación empresarial. Asimismo, la exclusión del operador público de ella -Correos- “supone una injustificada alteración de las reglas de la libre competencia”. Además, Francisco Aranda advierte de que la tasa acabará repercutiendo en los clientes finales de la venta online, llevando al ciudadano “a pagar más por este servicio en caso de vivir en el centro de Barcelona”.
Igualmente, UNO también lamenta la proscripción que, según señala, realiza el ayuntamiento del canal online, al cual opone al canal físico. “Teniendo en cuenta que, cada vez, un mayor número de pequeños comercios venden por internet, sus envíos también estarían afectados por esta nueva tasa”, ha recalcado el presidente de la patronal, que ha añadido que el incremento de los costes y las barreras administrativas pueden suponer una desventaja para el comercio de Barcelona, que podría apostar menos por la digitalización.