26 de mayo de 2024 | Actualizado 10:47

La justicia canaria rechaza el recurso de Odiel Towage contra el pliego de remolque de Las Palmas

La compañía del grupo Fairplay alegaba que el número de remolcadores previstos en el pliego suponía una barrera de entrada a los operadores
Autoridad Portuaria de Las Palmas

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por la empresa Odiel Towage (Fairplay) contra el pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de remolque en los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Entre otras cuestiones, ha señalado la institución portuaria, “Odiel Towage se oponía a los requisitos técnicos exigidos en el pliego cuyo objetivo era cubrir las necesidades en los puertos dependientes de la autoridad portuaria, y no solo en el puerto de Las Palmas, por lo que se requerían nueve remolcadores con capacidades concretas”. La compañía había presentado recurso contencioso-administrativo tras la aprobación del pliego en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas del 8 de mayo de 2020, que fue desestimado por la institución portuaria.

El tribunal ha señalado que la exigencia del pliego fue ratificada por la dirección general de la Marina Mercante

La demandante alegaba que el pliego impugnado “es nulo de pleno derecho al vulnerar los principios de libre competencia y libertad en la prestación del servicio ya que las obligaciones de medios materiales mínimos exigidos por dicho pliego son contrarios al principio de libre competencia como principio rector de la prestación de servicios portuarios”, ha señalado la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En su razonamiento, añade la institución portuaria, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que no puede “apreciarse la alegación de la actora en orden a ser excesivo el número de remolcadores exigidos por el pliego por implicar dicha exigencia una barrera de entrada a cualquier operador, fomentando un sistema de monopolio”.

Así, el tribunal afirma que tal prescripción “fue ratificada por el informe vinculante favorable emitido por la dirección general de la Marina Mercante el 16 de abril de 2020”. Por ello, el fallo de la sentencia dicta la desestimación del recurso “contra la resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la cual declaramos ajustada a derecho”. El presidente de la institución portuaria, Luis Ibarra, ha destacado que el fallo de la sentencia “respalda el trabajo técnico riguroso desarrollado por la administración portuaria”. “La calidad de los servicios portuarios y la seguridad en las distintas dársenas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas son elementos irrenunciables, y así lo confirma el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, ha añadido.