Competencia impugna la tasa Amazon del Ayuntamiento de Barcelona
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impugnado la conocida como ‘tasa Amazon’, el gravamen del Ayuntamiento de Barcelona sobre los grandes operadores postales que actúan en la capital catalana. Según el regulador público, “varias medidas de la ordenanza obstaculizan la competencia e introducen distorsiones en los mercados de la distribución comercial minorista y en el mercado de la distribución postal”. Por ello, procede a aplicar su instrumento de impugnación sobre la normativa municipal, una potestad que la institución posee para “actos administrativos y las disposiciones normativas con rango inferior a la ley”, como es el caso, y que reserva como “último recurso ante situaciones de especial gravedad para la competencia efectiva”, según reza en su página oficial.
La CNMC considera que da ventajas a la distribución minorista y a los pequeños operadores postales
Según un comunicado de Competencia, el consistorio catalán ya había sido informado el pasado mes de abril mediante requerimiento sobre “los elementos problemáticos de la ordenanza, a fin de evitar la impugnación”, pero no retiró la norma, que está en vigor desde el mes de febrero. A juicio de la CNMC, esos aspectos problemáticos afectan de forma desequilibrada a los grandes operadores postales, los destinatarios del gravamen, en su competencia con dos actores más del mercado: la distribución minorista, por un lado, y los operadores de menor facturación anual de un millón de euros, que no se ven afectados por la norma.
La CNMC recuerda que la tasa no se aplica a bienes adquiridos en tiendas físicas, ni a ventas hechas por teléfono, solo a aquellos que se compran por internet, y tampoco a las entregas que se realizan sin la mediación de un operador postal, caso de los comercios que tienen su propio servicio de reparto. Por ello, “se trata de medidas desproporcionadas y distorsionan la competencia al aplicarse de forma desigual según la forma de comprar y entregar los bienes”. En cuanto a los operadores de menor tamaño, el organismo argumenta que los efectos de la norma “no están justificados”, ya que los mismos estudios utilizados por el ayuntamiento para refrendarla “concluyen que no existe evidencia de que los operadores con una menor facturación utilicen menos el dominio público que los operadores con una facturación superior”.
“Estamos dispuestos a denunciar la tasa Amazon en Bruselas si es necesario”
Francisco Aranda Presidente de UNO Logística
Cuestionado al respecto, el consistorio barcelonés ha defendido el diseño de la ‘tasa Amazon’. Fuentes del ayuntamiento han señalado que la capital catalana “ha sido pionera en su aplicación” y recuerdan que la tasa “no grava, entre otros supuestos, el reparto en puntos de recogida”, aunque los productos se obtengan por internet. Asimismo, la administración municipal esgrime que la norma se aprobó “tras un riguroso trabajo des del punto de vista jurídico y en la justificación técnico-económica de la tasa y que ello está validado por el Consejo Tributario” de la ciudad y aprobada por amplia mayoría en el Consejo Municipal de Barcelona.
La ordenanza ya causó polémica y encontró oposición entre los actores y asociaciones de la distribución urbana desde su anuncio. De hecho, la patronal del negocio logístico, UNO, presentó recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que lo admitió, aunque no suspendió de forma cautelar la ordenanza. Tras conocerse la impugnación de la CNMC, el presidente de la asociación logística, Francisco Aranda, ha manifestado que “celebramos y valoramos muy positivamente la impugnación”. La asociación afirma haber trasladado su petición de impugnación a la institución en los últimos meses y anuncia que la tasa genera “un trato discriminatorio hacia un tipo de venta con respecto a otra que estamos dispuestos a denunciar en Bruselas si es necesario”.
Lee también
La última milla lamenta el enfoque penalizador de la nueva tasa de Barcelona
Òscar Mateu
Barcelona
También las asociaciones que representan al transporte en la provincia de Barcelona manifestaron sus recelos en el momento de la adopción del gravamen. Entre otras cuestiones, a dicho sector le preocupa que los operadores postales acaben repercutiendo el impuesto sobre otros eslabones de la cadena del reparto urbano, en la que se encuentran sus representados. La secretaria General de la asociación Transcalit, Yolanda Redondo, ha señalado que están “de acuerdo con los motivos” esgrimidos por la CNMC, pese a que son distintos de sus argumentos en la oposición a la norma. “Este hecho afianza más si cabe la dudosa legalidad de la norma, ya que diferentes actores con motivaciones distintas encuentran en ella hechos sujetos de recurso o impugnación”, ha añadido.
El gravamen fue diseñado y aprobado por el consistorio barcelonés entre 2022 e inicios de 2023, momento en el que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), y fue una iniciativa del gobierno de la ciudad anterior a las últimas elecciones municipales. Según sus promotores, la norma buscaba equilibrar el uso del espacio público que ejercen los grandes operadores postales en sus actividades en la ciudad. Justamente, el consistorio señalaba dicha actividad como un elemento que se daba “en desigualdad de condiciones” respecto al comercio de proximidad, a parte de sus derivadas en la congestión urbana.
