15 de julio de 2024 | Actualizado 10:12

La Eurocámara pacta un instrumento para proteger la soberanía comercial de la UE

Los Estados miembros podrán responder a las intimidaciones de terceros restringiendo el comercio, la inversión y la propiedad intelectual
Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana, con mayoría de 578 votos a favor y 24 en contra, un nuevo instrumento comercial que permitirá a la Unión Europea (UE) tomar medidas en caso de que los Estados miembros sufran chantajes o coerciones de carácter económico de un tercero ajeno a la UE. No obstante, este nuevo elemento pretende ser, ante todo, disuasorio, ajustado a derecho internacional y como último recurso, según matiza la Eurocámara. De esta forma, la UE se reservaría el derecho de responder a las intimidaciones mediante restricciones al comercio, a la inversión directa, a los derechos de propiedad intelectual o al acceso al mercado de contratación pública de la Unión, entre otras medidas, con el objetivo de “blindar la soberanía”, en palabras del Europarlamento.

La UE podrá exigir una reparación a terceros países, aunque el Parlamento no detalla aún de qué tipo

“El instrumento contra la coerción aspira a proteger la soberanía de la UE y de los Estados miembros en un contexto geopolítico en el que el comercio y las inversiones son cada más utilizadas como armas por las potencias extranjeras”, afirma la institución comunitaria. Asimismo, señala que debe entenderse coerción como una situación en la que “un país no perteneciente a la Unión trata de presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión concreta aplicando —o amenazando con aplicar— medidas comerciales o de inversión”. A partir de ahora, la Comisión Europea dispondrá de cuatro meses para investigar posibles casos de coerción y, a partir de sus conclusiones, el Consejo Europeo dispondrá de dos meses más para decidir si existe o no chantaje económico.

El Europarlamento ha manifestado que la primera acción a tomar siempre será “persuadir a las autoridades del país no perteneciente a la Unión de que dejen de coercionar”. Ahora bien, si este primer acercamiento fracasa, “la UE contará con un amplio abanico de contramedidas a su disposición” que se determinarían en un plazo máximo de seis meses desde el inicio de los chantajes: desde restricciones al acceso al mercado de capitales de la UE hasta restricciones a la autorización de productos en virtud de las normas químicas y sanitarias, pasando por restricciones al derecho a participar en licitaciones de la Unión y medidas antidumping, como multas y aranceles a la introducción “desleal” de productos no comunitarios, enuncia el Parlamento Europeo.

Además, la UE podría exigir una reparación al país que ejerza la coerción, aunque el acuerdo alcanzado por el Europarlamento no detalla en qué términos ni de qué tipo de reparación se trataría. Eso sí, avisan que “toda contramedida debe ser proporcionada al daño causado y atenerse a las normas internacionales”. En cualquier caso, el instrumento no entrará en vigor hasta que el Consejo Europeo no dé su visto bueno, cosa que sucederá previsiblemente a lo largo de este mes de octubre. “No sabemos exactamente cómo será la coerción del futuro, pero sí sabemos cómo puede responder la UE: rápida y seriamente, y hablando con una única voz”, ha valorado el ponente y presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange. “Ahora tenemos una amplia gama de contramedidas, completando las herramientas defensivas a nuestra disposición“, afirma.

EL GERMEN DE LA INICIATIVA: TRUMP Y CHINA
La iniciativa partió de la Comisión Europea, que propuso el mecanismo en diciembre de 2021 ante la insistencia de la Eurocámara y en respuesta a la presión de la administración Trump de Estados Unidos y a las tensiones geopolíticas con China. “En un entorno geopolítico cada vez más asertivo, aumenta el recurso a los instrumentos económicos para promover los objetivos de la política exterior”, advirtió la Comisión en su día. Más recientemente, China ha llevado a cabo una acción de bloqueo económico y comercial contra Lituania por permitir la apertura de una oficina de representación de Taiwán en Vilna, la capital báltica. “La coerción económica queda en gran medida fuera del ámbito de competencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) debido a su carácter a menudo informal y encubierto. Actualmente la Unión no dispone de ningún instrumento jurídico para hacerle frente”, afirma el Ejecutivo europeo.