30 de mayo de 2024 | Actualizado 0:01

Competencia abre un expediente sancionador a Cemesa y Mooring por no informar de sus precios

Las dos empresas unidas en joint venture son las únicas que ofrecen servicios de amarre en el puerto de Barcelona
Cemesa

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un expediente sancionador contra la empresa Amarres de Barcelona, joint venture formada por Cemesa Amarres Barcelona y Mooring Port & Services en el puerto de la capital catalana. La entidad reguladora denuncia que la alianza entre las dos empresas no ha cumplido con su obligación de “presentar un informe con los precios aplicados y los contratos renovados” correspondientes a 2022 durante el plazo estipulado, que fue la primera quincena de este año 2023.

Las empresas se comprometieron a no empeorar las condiciones comerciales de sus servicios

Esta gestión es necesaria “para verificar el cumplimiento del compromiso” al que se sometieron las empresas cuando formaron la joint venture, en 2021, y que consistía en “no empeorar las condiciones comerciales y no incrementar los precios previos” existentes en el puerto de Barcelona, dado que la unión entre ambas acababa con la competencia en el amarre y desamarre del recinto. La CNMC abre ahora un periodo de tres meses “para la instrucción del expediente y para su resolución”, y aclara que la incoación del expediente “no prejuzga el resultado final de la investigación”, es decir, no implica una sanción segura por el momento.

Antes de la fusión, Competencia ya advertía de los riesgos de monopolio que podían derivarse de la fusión entre las dos compañías, aunque acabó autorizándola en julio de 2021 bajo el compromiso mentado. En ese momento, las condiciones de información de precios y contratos debían cumplirse durante un periodo de cinco años a partir de la unión entre las empresas, un periodo que aún no ha finalizado. El organismo público dio aviso del incumplimiento en lo relativo a los informes el pasado 4 de octubre.

Durante este periodo, la joint venture ha tenido que afrontar varias huelgas de su personal, tanto a finales de 2020 como de 2021. En el primer caso, los amarradores denunciaron que la empresa tenía poco personal, obligándoles a aumentar el número de horas y arriesgándose a accidentes laborales, mientras que en el segundo se denunció explícitamente el incumplimiento de los compromisos con la CNMC, aludiendo a la no equiparación salarial de las plantillas de una y otra empresa. Ambas movilizaciones fueron desconvocadas tras alcanzar sendos acuerdos con la empresa, pero a inicios de 2022 se llegaron a producir de nuevo paros por las mismas razones que en los años anteriores. Otra vez fue un acuerdo, en febrero del año pasado, el que resolvió el conflicto en el seno de la empresa.