12 de julio de 2024 | Actualizado 12:01

Valencia adjudicará sus obras pendientes de la terminal norte en el segundo trimestre de 2024

El concurso, que expira el 6 de marzo, valora las emisiones de las obras y bonifica la finalización anticipada de los trabajos
Autoridad Portuaria de Valencia

La Autoridad Portuaria de Valencia ha arrancado el proceso para construir la futura terminal norte del recinto, que explotará la división terminalista de MSC. Tras recibir la aprobación del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado de 19 diciembre y tras aprobar los pliegos la entidad portuaria unos días después, el puerto ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado los detalles técnicos del concurso para el contrato de obras, bajo un presupuesto total de 660 millones de euros. Éstos establecen que el plazo máximo para concurrir a la licitación se agota el próximo 6 de marzo al mediodía y que la administración del recinto valenciano abrirá el tercer y definitivo sobre de cada oferta -con las propuestas económicas- el 29 de abril de 2024. Por tanto, todo indica que la elección de un adjudicatario se llevará a cabo durante el segundo trimestre del año que viene.

1,8 millones de euros

La licitación incluye una bonificación de hasta 1,8 millones de euros por finalización anticipada de las obras

Los trabajos a licitación corresponden a los que corresponden a la Autoridad Portuaria de Valencia, consistentes en el establecimiento de las infraestructuras básicas de la terminal. Ello se resume en el dragado, la construcción de los muelles y el relleno consolidado de los terrenos, aunque la entidad adjudicataria deberá desmontar y demoler varias estructuras actuales en parte del espacio a concesionar. Por su parte, la futura operadora de la instalación, TIL (filial de MSC), invertirá más de 1.600 millones de euros en el despliegue definitivo de una terminal que debe sumar cinco millones de teus de capacidad al recinto. Los pliegos del concurso para las obras preliminares de la autoridad portuaria establecen un plazo máximo de 58 meses para llevar a cabo la primera parte de las obras, aunque también recogen bonificaciones ligadas a una conclusión anticipada de estos.

Concretamente, la autoridad portuaria bonificará en 100.000 euros cada mes que el adjudicatario sea capaz de reducir en los plazos de entrega. De esta forma, y dado que los meses por anticipado se calculan en base a tres horizontes distintos -dos plazos parciales y el plazo total de las obras-, la empresa adjudicataria podrá beneficiarse de hasta 1,8 millones de euros adicionales por terminar antes de tiempo. Por otro lado, el contrato también podría sumar 54,5 millones de euros más “fruto de la posible obligación de aportar una parte del material dragado a playas”, y que se fija en el 10% del importe total. Además, también recoge un impacto por la “alteración de unidades de obra con cargo a la liquidación del contrato”, que también suma otro máximo posible de 54,5 millones adicionales (10%).

En cuanto al presupuesto base del contrato, la autoridad portuaria establece varias anualidades de desembolso. En el primer año (2024), se calcula una inversión de 30 millones de euros, que debe crecer hasta los 90 millones de euros para cada uno de los tres ejercicios siguientes, 2025, 2026 y 2027. A partir de 2028 y hasta la finalización de la obra, la cantidad a abonar por la autoridad portuaria sería la restante, es decir, 245,77 millones de euros anuales. Según detallan los pliegos, dichos plazos “están previstos en el Plan de Inversiones 2023-2027” del recinto, “aprobado por el Consejo Rector de Puertos del Estado”.

La autoridad portuaria que preside Mar Chao anda en busca de una empresa con una facturación mínima de 100 millones de euros en el mejor de sus cinco últimos ejercicios y cuya especialidad esté probada en los trabajos de dragados, escolleras y obras marítimas “con cajones de hormigón armado”. Las compañías interesadas también deben haber realizado trabajos similares en los últimos cinco años y de envergadura similar, según rezan los pliegos aprobados. Asimismo, Valencia también exige la participación de un delegado de obra y un jefe de obra con un mínimo de diez años de experiencia en ambos casos, además de equipo técnico específico a aportar por la adjudicataria, como son dragas de succión o de retroexcavación. De hecho, los pliegos destacan la necesidad de especificar que las compañías tengan el material y el personal establecido “atendiendo en la incidencia que en la ejecución del contrato tendría la falta de disponibilidad de los mismos”.

Diez puntos del concurso se dirimen en el total de emisiones de CO2 producidos por los trabajos

Por otro lado, el concurso también calcula una aproximación de las emisiones de CO2 que se pueden desprender de las obras, fijada en 83.506 toneladas. Ello debe servir como guía “razonable” para las distintas ofertas, ya que hasta diez puntos de cada una de éstas se dirimirá en el capítulo medioambiental. La propuesta económica de los concursantes equivale a un máximo de 30 puntos en la licitación, mientras que la parte técnica -que incluye la memoria constructiva y el programa de trabajos- podrá otorgar los 60 puntos restantes. Asimismo, los pliegos emplean una fórmula “que pretende que los licitadores sean prudentes al formular sus ofertas económicas”. Según el sistema planteado por el concurso, “a partir de una cierta bajada” del precio, “la mejora de puntuación no es proporcional” a ese descenso, sino mucho menor, de forma que no se presenten ofertas muy por debajo del contrato propuesto.