16 de junio de 2024 | Actualizado 5:03

El Gobierno propone unas masas y dimensiones con guiños a cargadores y transportistas

La modificación propuesta por Interior e Industria ha entrado en información pública y podría aprobarse a partir del 13 de junio
E.M.

La modificación de las masas y dimensiones en las carreteras españolas ha dado un paso más hacia su aprobación al entrar la última propuesta del Ejecutivo en periodo de información pública. El nuevo texto se somete tras la paralización, hace un año, por el adelanto electoral, y también lo hace en medio de la expectación del sector transportista y los cargadores, que en muchos momentos del desarrollo de esta norma han mostrado posiciones alejadas. Precisamente a buscar un equilibrio entre ambas visiones parece destinada parte del texto, que en su apartado de objetivos recoge argumentos en pro de la eficiencia y la descarbonización sostenidos a menudo por los cargadores, pero también establece que ello en ningún caso “se haga en menoscabo” de los acuerdos suscritos entre ambas partes en 2022 para evitar la pérdida de rentabilidad del negocio del transporte.

13 de junio

Las alegaciones se pueden presentar hasta el 13 de junio, paso previo a una potencial aprobación del texto

El texto elaborado por los ministerios de Interior e Industria, Turismo y Comercio, y DGT, ha abierto un nuevo periodo de alegaciones entre este viernes 24 y el próximo 13 de junio. Su ámbito de actuación se centra en introducir modificaciones en el Anexo IX del Reglamento General de Vehículos, en el que se recogen las combinaciones modulares permitidas en el transporte por carretera y el régimen de masas máximas, así como sus longitudes y otras disposiciones legales relativas a su circulación.

Lo hará, eso sí, dándose un plazo de nueve meses a partir de la aprobación de la norma para introducir las modificaciones, como ya hiciera antes de las últimas elecciones generales, y pactando un calendario de aplicación con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), uno de los acuerdos suscritos con el sector en septiembre de 2021. En este sentido, la orden prevé que todas las modificaciones relativas a masas y dimensiones -exceptuando lo referente a conjuntos euromodulares- entre en vigor a los tres meses de la aplicación de la norma, y a los seis meses en el caso de los vehículos cisterna. El ministerio del Interior también ha publicado el documento con las alegaciones de actores implicados recogidas en consulta previa hace un año. Voces cargadoras ya argumentaban en marzo que se trata “de una normativa en la que estamos todos de acuerdo y no harán falta enmiendas”.

Acordió

ALGUNAS ALEGACIONES PREVIAS A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL GOBIERNO

La Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), por su parte, muestra su acuerdo con las propuestas de modificación e insiste “sobre la necesidad y oportunidad de aprobación” del texto. En una línea parecida se sitúa FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas), que “aplaude” la medida y recalca la reducción de emisiones en el transporte que se derivaría de los cambios.

Asociaciones transportistas como FETRANSA alegan que la medida propuesta se hace “a instancias” de los cargadores, y advierten de su impopularidad histórica en el sector transportista. La asociación también apuesta por establecer calendarios de aplicación de las medidas que alivien el impacto de los cambios.
Por su parte, la asociación Pymetrans apunta a los sobrecostes para adaptar vehículos mayores y alerta de los riesgos de una reducción hipotética de la flota de camiones para los transportistas autónomos con flotas pequeñas.

Fuente: Ministerior de Interior e Industria, Comercio y Turismo

El Gobierno argumenta en su memoria que el texto propuesto “incrementa la eficiencia de las operaciones de transporte de mercancías” al ganar los vehículos en espacio, contribuyendo así “a disminuir el número de vehículos en circulación”, que contiene una derivada en favor de la descarbonización. Asimismo, también sostiene que la medida es beneficiosa en términos de seguridad vial porque “reduce la exposición y el riesgo” y “el aumento de los límites máximos de masas y dimensiones de conjuntos euromodulares está avalado por ensayos y pruebas que no han mostrado ningún impacto negativo” en este sentido. El sector cargador ha pedido históricamente la reforma en base a este tipo de apreciaciones.

Pero al mismo tiempo, el documento también aborda el impacto económico de las medidas, sosteniendo que éste es positivo dado que “se reducen los costes de las empresas de transporte como consecuencia del incremento de productividad de su flota”, argumento que se apoyaría “en varios estudios llevados a cabo”. Los costes y la pérdida de rentabilidad han sido uno de los factores de mayor desconfianza por parte de los transportistas y se reflejan en varias de las alegaciones presentadas en la consulta previa de abril de 2023. En este sentido, el proyecto de la orden ministerial presentado este viernes introduce una disposición transitoria por la que “los contratos de transporte continuado deberán adecuarse por acuerdo entre las partes a los nuevos límites de masas teniendo en cuenta los mayores costes de operación incurridos por el transportista” en un periodo previo a la entrada en vigor de las modificaciones. Paralelamente, los redactores de la orden también señalan que la reducción de vehículos contribuiría a paliar la carestía de conductores, otra de las dificultades que hostigan al transporte por carretera.

CONJUNTOS EUROMODULARES MÁS LARGOS Y PESADOS
Las medidas estrella del nuevo reglamento, como se había anticipado, radican en la expansión de los tipos de combinación modular que podrán circular por las carreteras españolas. Los cambios en varios artículos del Anexo IX también incrementan los ámbitos en los que se pueden alcanzar las 44 toneladas de masa máxima e introduce un apartado para conjuntos euromodulares que pueden alcanzar las 72 toneladas de peso y los 32 metros de longitud. También se amplía a 4,5 metros la altura máxima a camiones que efectúen transportes ligados a actividad específica ligada al sector productivo y agroalimentario, en recorridos inferiores a los 50 kilómetros.

La norma modifica el apartado 6 de su Anexo para simplificar el proceso de autorización para circular con vehículos euromodulares, incluidos los ecocombi y los duotrailers, que ya lo estaban haciendo, pero bajo un proceso específico de obtención de permiso. Ahora, se accederá a través “del régimen general de autorizaciones especiales, de conformidad con los requisitos y especificaciones de circulación que establezca la Jefatura Central de Tráfico”, reza el documento. Todos los permisos actuales se revalidan con la nueva norma, si necesidad de incurrir en un nuevo proceso. La definición que se da de estos vehículos también recibe un ajuste técnico en tanto que pasa de ser “un conjunto de con más de seis líneas de ejes” a uno igual “o con al menos tres módulos”.

En el apartado de masas, las modificaciones incorporan que los vehículos de cuatro ejes puedan superar en una o dos toneladas su máximo cuando se trate de alternativas cero emisiones que requieren más peso para adaptar su modo de propulsión, y también en una tonelada en aquellos vehículos que “destinados a servicios en entornos urbanos, siempre que no superen la masa máxima técnicamente admisible por vehículo y la masa por eje máximas permitidas”. Asimismo, la norma también recoge un aumento máximo de dos toneladas adicionales en los “vehículos articulados de cinco o más ejes y trenes de carretera de cuatro, cinco o más ejes para la adaptación que pueda resultar necesaria” en el transporte de contenedores o cajas móviles que se empleen en operativas de transporte combinado.

CELEBRACIÓN Y PRUDENCIA ANTE LA PUBLICACIÓN
Las primeras reacciones del transporte y los cargadores han llegado divididas entre la contención y la satisfacción según su procedencia. La patronal cargadora Aecoc ha celebrado el trámite del Ejecutivo y ha señalado que “permite avanzar hacia un escenario de mayor competitividad del transporte de mercancías”, además de señalar reducciones en las emisiones de CO2 que se derivarán de su aprobación definitiva. En cambio, la asociación transportista Fenadismer ha manifestado que “esperará a hacer pública su posición una vez que la propuesta se analice con detalle”, pero en todo caso ha señalado que “defenderá los intereses de todos los transportistas para que no se establezcan privilegios a favor de las grandes empresas en favor de las de menor dimensión”, y exigiendo medidas de acompañamiento al sector durante la transición.