24 de junio de 2024 | Actualizado 5:35

Ocho de cada diez conductores de pymes dudan de la preparación de España para descarbonizarse

Los pequeños transportistas temen quedarse atrás por el coste de los nuevos vehículos y las pocas ayudas, según un estudio para Grupo Hafesa
A la izquierda, el analista senior de Metroscopia, David Rojo, y a la derecha, el director general de Grupo Hafesa, Diego Guardamino | Accenture

España está entre poco y nada preparada a nivel de infraestructuras, vehículos y mentalidad operativa para afrontar la normativa del Parlamento Europeo que, en 2023, acordó la prohibición de la venta de turismos y vehículos ligeros de reparto equipados con combustibles fósiles a partir de 2035. Así es como lo sienten el 83% de los conductores de furgonetas autónomos y por cuenta ajena, según un informe encargado por el Grupo Hafesa a la consultora Metroscopia. Además, una gran mayoría de este tipo de transportistas, pertenecientes a pequeñas y medianas empresas (pymes) de transporte de mercancías, percibe que el alto coste de los vehículos eléctricos supondrá una barrera considerable para ellos, y que podría llegar a suponer un problema para su sostenibilidad económica a la vez que les deja atrás.

La investigación realizada por Metroscopia y Grupo Hafesa se ha realizado en base a una encuesta a mil conductores profesionales de furgonetas urbanas de tamaño medio en abril de este año para conocer cuál es el estado de la opinión de este sector sobre la mencionada normativa europea, así como sus implicaciones en el transporte ligero en España. “Y para ellos, el desacuerdo con la medida tiene un claro componente económico”, ha señalado el analista senior de Metroscopia, David Rojo. Según el informe, uno de cada dos conductores autónomos de vehículos de reparto ligeros (el 54%) considera que la prohibición de vender coches y furgonetas nuevos que empleen gasolina y diésel a partir de 2035 en la Unión Europea perjudicará a la economía y la competitividad de las empresas españolas, frente al 19% que considera que la afectación será positiva.

La idea de dicha prohibición es mejorar la sostenibilidad y que los vehículos nuevos que salgan al mercado eviten la producción de emisiones contaminantes para que, de cara a 2050, el sector europeo del transporte sea neutro en carbono. De acuerdo con los datos de Hafesa y la consultora, el 72% del público encuestado está al día de la existencia de esta normativa y de sus objetivos, y el 60% está a favor de combinar protección medioambiental y crecimiento económico. Aun así, más de la mitad (57%) de los conductores encuestados desaprueba la medida y la cifra sube hasta el 63% en el caso de los trabajadores de este tipo de pymes con menor nivel de renta. En este sentido, los transportistas consultados echan de menos un mayor aporte de información sobre ayudas, algo que el informe considera “crítico” para la transición energética.

El 79% de los encuestados no tiene noticias de que existan iniciativas enfocadas a subvencionar cambios de flotas o compra de nuevos vehículos de transporte que se alimenten de ecocombustibles, mientras que sólo el 10% ha solicitado alguna. “Esa falta de información y apoyo financiero es vista como un obstáculo importante para la implementación de medidas de descarbonización”, constata el estudio. Además, el 63% de los encuestados cree que España no cuenta con las infraestructuras adecuadas para ofrecer alternativas energéticas, como puntos eléctricos de carga, y el 59% apunta que España tampoco tiene la suficiente preparación para gestionar los residuos que produzcan las nuevas alternativas energéticas, como las baterías. Respecto al impacto puramente medioambiental, casi la mitad de los conductores sostiene que la medida tendrá un impacto positivo en el medioambiente.

No existe tanto rechazo cuando se trata de trasladar la prohibición al transporte pesado, aún sin fecha

“Las voces de estos ciudadanos nos han señalado claramente las barreras que deben ser superadas: la falta de infraestructuras adecuadas, la insuficiencia de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y la preocupación por la gestión de residuos de las nuevas alternativas”, ha enunciado el director general de Grupo Hafesa, Diego Guadarmino. Pese a que este tipo de profesionales considera que la medida se ha tomado de forma “rápida y precipitada, sin tener en cuenta la siutación actual del sector”, según concluye el informe, resulta paradójico que la extensión de la normativa a los vehículos pesados cuenta con mayor aceptación: el 50% de los pequeños y medianos profesionales del transporte de carga estaría a favor de esta extensión frente al 43% en contra. “Quizá sea porque influye el factor tiempo: para dicha extensión no hay fecha aún”, expone David Rojo (Metroscopia).

Pese a que la normativa comunitaria prohibirá la fabricación de vehículos ligeros de reparto y de turismos con fuentes de energía no renovables, el último paso dado por Bruselas en esta materia abre la puerta a permitir su circulación hasta 2050. En el caso del transporte pesado, Diego Guadarmino (Grupo Hafesa) ha mostrado sus dudas respecto a que la fecha definitiva para la extensión de la prohibición llegue antes de ese año. En una valoración general, en Metroscopia se ha detectado un “giro pragmático”, según David Rojo, desde la pandemia y la guerra en Ucrania, especialmente en momentos de incertidumbre. “Hay una tendencia a priorizar medidas pragmáticas que pueden ser incongruentes con factores con afectación social: a España le preocupa el cambio climático, pero aún existe mucha incertidumbre, en general, y en el sector del transporte en particular, como para poner en marcha las soluciones”.