España sigue el modelo europeo y aprueba su estrategia marítima hasta 2050

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Marítima Española para el periodo 2024-2050, que ha contado con la participación de 11 carteras del Gobierno. “Sigue el camino abierto por los principales naciones marítimas” de nuestro entorno, caso de Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y Portugal, para impulsar el desarrollo de “una flota de bandera fuerte y competitiva, que atraiga inversiones y negocio”, indica el plan al que ha tenido acceso El Mercantil. El Gobierno reconoce que “la dimensión de la flota mercante no se corresponde con la relevancia económica ni portuaria del país”.

Se presenta como “un documento vivo” con 27 líneas de actuaciones concretas a adoptar en los próximos años

El programa, que tiene el plácet del ministerio de Hacienda, se presenta como “un documento vivo, que se traducirá en 27 líneas de actuaciones concretas y normas a adoptar en los próximos años”. La gobernanza de la estrategia será ejercida por el Comité Asesor Marítimo (Commar), un órgano colegiado consultivo adscrito a la dirección general de la Marina Mercante, ahora en manos de Ana Núñez, que está recogido en la modificación de la Ley de Puertos del Estado.

Entre sus principales pilares de actuación, destacan “contribuir a la transición energética para la descarbonización” de la flota; dotar de “más agilidad a la Administración marítima”; lograr un registro de abanderamiento de buques “más competitivo”; “retener y atraer talento” al sector; impulsar la digitalización; y “promover la colaboración con el sistema portuario”.

“España necesita una flota a la medida de nuestra economía, alineada con nuestro entorno; dotada de un marco jurídico que haga de la bandera y de la posición que confiere a nuestros armadores que les permita competir en condiciones favorables en el transporte marítimo internacional. Junto a ello, se trata de potenciar la industria naval y náutica, aprovechando el impulso que está cobrando la generación de energía eólica marina”, asegura el documento.

Como ya adelantó esta publicación, en el marco de este plan, el Gobierno se ha comprometido a poner encima de la mesa 1.500 millones de euros para ayudar a los armadores en la descarbonización de sus flotas. Por una parte, las navieras españolas dispondrán de una partida de 500 millones de euros para impulsar la transición energética que marca el paquete normativo Fit for 55 para 2030 de la UE, que busca reducir las emisiones en, al menos, el 55% respecto de los niveles de 1990.

Esta dotación para la descarbonización se dirigirá a la renovación de la flota para desplegar buques de cero emisiones, al uso de fueles con bajas emisiones de carbono y, por último, a ayudas para el establecimiento de corredores verdes marítimos, que estarán ligadas, sobre todo, a infraestructuras de suministro de combustible y recarga en los puertos. Esta partida se nutrirá de los fondos recaudados por el Gobierno español a través del esquema de comercio de derechos de emisiones de la UE para el transporte marítimo, conocido como EU ETS. La adaptación de la flota al cumplimiento de los nuevos requisitos medioambientales “incentivará la participación y el aprovechamiento por las navieras españolas del Fondo de Innovación de la UE constituido por los derechos de emisión del sector marítimo”, afirma el texto.

1.500 mill. €

Se contemplan 1.500 millones de euros para ayudar a los armadores a descarbonizar sus flotas

Por otra parte, los armadores dispondrán de 1.000 millones en garantías públicas durante un periodo de cinco años, que se podrán prorrogar otros cinco más, para la modernización de sus flotas. Esta medida está pendiente de la aprobación de la Comisión Europea.

Según la Estrategia Marítima, estas garantías públicas comprenden “la construcción de nuevos buques, la adquisición de barcos de cinco años de antigüedad máxima y la transformación de naves existentes cuya edad no supere los 15 años”. El importe avalado “no podrá superar el 80% del precio del activo o de las reconversiones financiadas”. Durante el periodo de vigencia del aval, los buques “deberán registrarse y abanderarse en un Estado miembro de la UE”.

INCENTIVOS A LOS BANCOS PARA FINANCIAR CRÉDITOS A BAJO INTERÉS Y CON PERIODOS DE CARENCIA

Asimismo, el programa contempla “ayudas directas, vía licitación, a navieras en líneas con contratos de interés público” y “subvenciones al transporte extra peninsular de mercancías” y a “la formación de marinos, financiando becas de embarque en buques”. Además, recoge “incentivos a las entidades bancarias para financiar créditos marítimos a bajo interés y con periodos de carencia”.

Otra demanda de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), presidida por Vicente Boluda, que aparece en la estrategia es la actualización del tax lease para apoyar la financiación de buques en el sector, que es intensivo en el uso de capital. Los actuales incentivos de arrendamiento fiscal contemplados en la Ley de Impuesto sobre Sociedades se han revelado ineficaces para los armadores.

Disponer de una potente flota mercante “es esencial para mantener la independencia geopolítica nacional”

El programa pondera “el rol fundamental” del sector para el comercio exterior español y el aprovisionamiento a los territorios extra peninsulares, y la posición de los puertos en las principales rutas marítimas internacionales, lo que permite a los importadores y exportadores disfrutar de “la conectividad más elevada de Europa y la séptima del mundo”. Reconoce que disponer de una potente flota mercante “es esencial para mantener la independencia geopolítica nacional” y “garantizar la seguridad de los suministros de energía, materias primas y bienes de primera necesidad”. Sin embargo, pese a las actuales convulsas tensiones geopolíticas a raíz de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo, la estrategia no contempla “ni las vertientes de la Seguridad y Defensa” por la “extraordinaria transversalidad” del sector.

La cuota de la flota operada bajo pabellón español se ha reducido 13 puntos en la última década

En 2024, la flota controlada por armadores españoles sumaba 209 mercantes, de los que el 44% estaban inscritos en el Registro Especial de Canarias (REC), esto es, 93 buques (19 menos que en 2023), y el 56% en otros pabellones (116, 13 más que en 2023), indica la estrategia en su diagnóstico. Su tendencia “es descendente” desde casi 350 buques en los años 90 hasta 200 en 2014, estabilizándose desde entonces en torno a 215-220 buques. En concreto, la cuota de la flota operada bajo pabellón español se ha reducido 13 puntos en la última década.

Al comparar con los países de nuestro entorno, la evolución de la flota de los navieros españoles, medida en toneladas de peso muerto (tpm), presenta “un comportamiento muy moderado”, con “un crecimiento del 4% en la última década, muy inferior a los registrados por Chipre, Francia, Bélgica o Grecia, y similar al de Países Bajos”.

EL REGISTRO DE MADEIRA ES UNO DE LOS MÁS UTILIZADOS POR LOS NAVIEROS ESPAÑOLES

La clave de bóveda es que el registro canario (REC) “no resulta atractivo para los armadores españoles, ni tampoco para los extranjeros”. De hecho, el registro especial de Madeira “es uno de los más utilizados por los navieros del país”. En este capítulo, las mejoras previstas en la estrategia para el REC “deben facilitar los trámites de las navieras españolas” y pasan por “la necesidad de un régimen más ajustado a la realidad del sector de marinos extranjeros”.

Las peculiaridades del sector “deben tener en cuenta que los marinos no tendrán residencia en territorio español, lo que hace inadecuada la exigencia de permisos de trabajo y residencia, que no se exigen en la mayoría de los países de nuestro entorno”. Lo mismo dice la estrategia de “la necesidad de agilizar el actual sistema de inspecciones, en el que concurren distintos órganos administrativos”. Dentro del REC, el programa contempla “la actualización del régimen de nacionalidad española, de la UE o del Espacio Económico Europeo”, que ahora se exige al capitán, al primer oficial y al 50% de toda la tripulación. Con la modificación prevista, el cálculo del 50% se realizará “sobre la dotación mínima de seguridad del buque”.