El Gobierno cierra en una semana la consulta del plan de descarbonización marítima
El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible da por concluido en una semana el plazo de la consulta pública sobre las bases del programa de ayudas a la descarbonización del transporte marítimo, “una iniciativa clave en un momento en el que el sector atraviesa una creciente presión regulatoria y competitiva”. La consulta, abierta hasta el 15 de abril, supone el último paso previo a la definición de un esquema de subvenciones que busca acelerar la transición energética del transporte marítimo, al tiempo que trata de contener los efectos adversos derivados de la aplicación del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS).
El proceso, abierto hasta el 15 de abril, supone el último paso previo a la definición de un esquema de subvenciones
En concreto, esta consulta pública tiene como objetivo recabar la opinión del sector (navieras, operadores, asociaciones y demás agentes implicados) “sobre el diseño de las bases reguladoras del programa, incluyendo aspectos como los criterios de elegibilidad, el tipo de proyectos financiables o la eficacia de las medidas propuestas”. Con ello, el ministerio busca ajustar el instrumento antes de su aprobación definitiva y garantizar que responda a las necesidades reales del mercado.
La futura orden establecerá el marco de ayudas para el periodo 2026-2030, con un modelo de concurrencia competitiva que priorizará aquellos proyectos con mayor capacidad de reducción de emisiones por euro invertido. Además, el programa pretende canalizar recursos hacia inversiones intensivas en capital, como la renovación de buques, la modernización de motores, la adopción de combustibles de bajas o cero emisiones o la adaptación de infraestructuras portuarias y energéticas, en línea con los objetivos europeos del paquete climático Fit for 55 y las metas internacionales de descarbonización.
Establecerá el marco de ayudas para el periodo 2026-2030, con un modelo de concurrencia competitiva
La medida llega en un contexto marcado por las tensiones que atraviesa el transporte marítimo de corta distancia, donde operadores y navieras vienen alertando de una pérdida de competitividad frente a la carretera. Desde la entrada en vigor del ETS para el transporte marítimo, el sector ha advertido de un encarecimiento de los costes que no se ha trasladado de forma homogénea al resto de modos de transporte. De hecho, durante la última conferencia del transporte marítimo de corta distancia, el consejero delegado de Grimaldi en España, Mario Massarotti, cuestionó la aplicación del sistema en este segmento al considerar que “podría tener sentido en determinadas líneas, pero no en corta distancia cuando estás potenciando eliminar camiones de la carretera y a estos no los penalizas”.
En la misma línea, el director general de GNV España, Matteo de Candia, advertía de que “el ETS sólo está afectando al transporte marítimo” y que esta situación “no va en la dirección correcta”, al provocar un aumento de costes que termina trasladándose al cliente final y favoreciendo el trasvase hacia la carretera. Los efectos ya eran visibles a finales de 2025. El director comercial de Suardiaz Shipping Lines, David Antón, reconocía una pérdida de volumen en los servicios de corta distancia, mientras que desde el sector energético se apuntaba a un cambio de tendencia en rutas como España-Italia, donde el uso del barco frente a la carretera ha comenzado a retroceder.
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Más allá del impacto en la demanda, el ETS está afectando directamente a la capacidad inversora de las navieras. El responsable de proyectos de descarbonización de Baleària, Jesús Blanco, alertaba de que el coste del sistema ya supone decenas de millones de euros y podría multiplicarse en los próximos años, lo que implica “perder inversiones que permitirían descarbonizar el sector”. A esta presión se suma la falta de un marco regulatorio global. Tras el bloqueo de un acuerdo en la Organización Marítima Internacional (OMI), el europarlamentario Borja Giménez advertía del riesgo de “fuga de emisiones y actividad” hacia regiones con menor carga regulatoria.
En este contexto, el Gobierno ha activado el diseño de un programa de ayudas que busca precisamente amortiguar estos efectos. Tal y como adelantó el secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, el plan contempla subvenciones dirigidas a la renovación de flota, la adaptación a nuevas energías, el impulso de corredores verdes y el apoyo al transporte marítimo de corta distancia. El objetivo, según explicó, es “conseguir que la recaudación obtenida por los derechos de emisión vuelva al sector con estos programas de incentivos”, en un intento de compensar el impacto económico del ETS.
El plan contempla subvenciones a la renovación de flota y adaptación a nuevas energías
No obstante, el propio Ejecutivo ha reconocido las limitaciones del modelo. La directora general de Marina Mercante, Ana Núñez, admitía que estas ayudas no proceden directamente del ETS y que su diseño ha requerido un complejo encaje presupuestario, en un contexto en el que el sector considera insuficientes los fondos previstos.
La consulta pública que ahora entra en su fase final servirá para recoger aportaciones del sector antes de definir las bases definitivas del programa, en un momento en el que la descarbonización del transporte marítimo se ha convertido en uno de los principales retos regulatorios y económicos. En paralelo, el diseño del programa incorpora objetivos más amplios, como alinear la trayectoria de emisiones de la flota con los compromisos europeos e internacionales, evitar bloqueos tecnológicos en el uso de combustibles fósiles y garantizar un marco estable que facilite decisiones de inversión a largo plazo.
El desafío para el Ejecutivo será encontrar un equilibrio entre los objetivos climáticos y la competitividad del sector, en un entorno marcado por la falta de un marco global homogéneo y por el riesgo de deslocalización de tráficos hacia rutas o modos de transporte menos penalizados. Con el cierre de la consulta, el Gobierno da un paso más en la articulación de una política industrial y energética para el transporte marítimo, llamada a definir el futuro del sector en los próximos años.
