1 de noviembre de 2020 | Actualizado 9:54
Eduard Albors

¿Qué hacer con las concesiones de autopistas?

A finales de 2018, y antes de que venciera la concesión del tramo de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón, publiqué una reflexión para proponer una alternativa a la gratuidad total del citado tramo de autopista. Finalmente, se levantaron barreras y se tomó la misma decisión en los tramos de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz a partir del uno de enero de 2020.

Con los datos del ‘Informe sobre el sector de autopistas’ elaborado por el anterior ministerio de Fomento, hoy ministerio de Transportes, cada año -con la gratuidad de los tramos anteriores- se perdían unos 73 millones de euros en IVA y 45 millones del impuesto de Sociedades. Por el contrario, se deben de emplear unos 75 millones de euros en el mantenimiento de los citados tramos. O sea, la Administración asumía un balance negativo de 193 millones de euros anuales. Los años 2018 y 2019 eran años de crecimiento y seguramente con una visión a corto plazo decidió regalar la circulación gratuita a todos los vehículos (españoles y extranjeros) por dichos tramos.

En la situación actual generada por el coronavirus, el escenario económico ha cambiado radicalmente. Las estimaciones para el año 2020 son un déficit público del 10,3% del PIB y una deuda del 115%. Además, el paro subirá -según las propias estimaciones del Gobierno- hasta el 19% de la población activa, debiendo aportar suficientes recursos económicos para una política de ‘mantenimiento de rentas’. Obviamente, aunque cueste reconocerlo, la inversión pública saldrá claramente damnificada, pero en el capítulo de gastos hay que evitar nuevos ‘regalos’.

Aunque cueste reconocerlo, la inversión pública saldrá claramente damnificada tras el coronavirus

El 31 de agosto del 2021 finaliza la concesión de tres importantes tramos de autopistas: AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, AP-7 Tarragona- La Junquera y AP-7 Montmeló-Papiol. Con los últimos informes publicados, estos tramos generan 103,5 millones de euros de IVA y 94,4 millones de euros de Impuesto de Sociedades y exigen 97,1 millones de euros anuales para su mantenimiento. Por lo tanto, si se vuelven a levantar barreras sin contraprestaciones, se incrementará el balance negativo para la Administración en 295 millones de euros anuales.

La adopción de una alternativa consistente en la creación de una Empresa Pública de Autopistas (EPA), que absorbiera las autopistas que vayan finalizando su concesión, permitiría tener beneficios, aplicando unas tarifas de un 25% de las actuales, algo superiores a los gastos de explotación. De esta forma, se evitaría perder todos los ingresos por IVA y por el Impuesto de Sociedades. Esta nueva EPA debería tener una estructura muy reducida y subcontrataría a empresas privadas el funcionamiento del día a día y el mantenimiento de la infraestructura. La solución propuesta permitiría volver a incorporar a la EPA carreteras de gran capacidad estructurante en el país, y aplicar -a medio plazo- un nuevo modelo de tarificación en las infraestructuras viales de gran capacidad, más coherente y equilibrado que el actual.