30 de noviembre de 2020 | Actualizado 6:03

La Justicia suspende la moratoria de las multas de Madrid Central

La resolución judicial señala que “la protección a la salud y al medio ambiente deben primar” mientras no exista otra alternativa viable
Autoridades durante la puesta en marcha de Madrid Central en noviembre de 2018 | Ayuntamiento de Madrid

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid ha desestimado las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid y ha confirmado la suspensión de la moratoria de sanciones de Madrid Central. Tras escuchar a las partes, el recurso impuesto por Ecologistas en Acción y el del consistorio, el juez ha estimado que “la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente”.

Según la resolución judicial, el nuevo Gobierno municipal que suspendió las medidas dirigidas a la protección del medio ambiente “no ha ofrecido ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones ni ha justificado que la misma haya sido ineficaz o ha producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental”. Sin embargo, según los últimos datos aportados por el ayuntamiento madrileño, el 79% de las estaciones de medición de la calidad del aire habrían registrado un incremento de las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) desde la puesta en funcionamiento de las restricciones de tráfico.

La falta de alternativa a la supresión de la zona de bajas emisiones ha sido la principal razón del fallo del juez

La nueva corporación municipal surgida de las elecciones del pasado mes de mayo defendió la moratoria en sus alegaciones por los problemas derivados en el sistema de control y de multas, pero el juez ha considerado que la protección de la salud debe ser primordial. El juzgado ha estimado que la Administración “cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones”. 

Ante la decisión judicial, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que la corporación “acata el auto judicial que suspende la moratoria de multas”. Sin embargo, Carabante ha explicado que la posición del ayuntamiento sigue siendo la misma: “Queremos plantear un modelo alternativo, más eficaz que Madrid Central, porque fue un fracaso en términos de contaminación y en términos de movilidad”. Esto, según el delegado, se hará “a través de las reuniones que vamos a mantener con los diferentes afectados, con vecinos, con comerciantes y con todo aquel que tenga algo que aportar en relación a la contaminación en la ciudad de Madrid”. 

“Acatamos el auto sobre la moratoria de multas, pero queremos plantear un modelo alternativo”
Borja Carabante Delegado de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid

El sector del transporte, afectado directamente por las medidas de Madrid Central, desea un cambio en la ordenación urbana y mantiene su posición al respecto, señalando que la distribución de las mercancías no se tiene en cuenta dentro de los problemas de la movilidad ni se les “reconoce como agentes urbanos”. La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) se reunió la semana pasada con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para transmitirle la necesidad de replantear Madrid Central a través de un estudio de impacto previo a la implantación de nuevas medidas para poder compatibilizar la mejora de la calidad del aire con la actividad económica de la ciudad. 

El sector del transporte pide realizar un estudio previo a la hora de replantear Madrid Central

Esta resolución se ha publicado tras la petición por parte de la Comisión Europea a “movilizarse y contribuir” a implementar medidas suplementarias para la mejora de los planes de calidad del aire en las principales ciudades españolas en plena polémica por Madrid Central. Poco tiempo después, el ministerio de Transición Ecológica en funciones se hizo eco de esta petición y transmitió el contenido de la misiva a las autoridades competentes con el objetivo de evitar que el país afrontase una “posible multa” por parte de la Unión Europea.