7 de diciembre de 2021 | Actualizado 6:02

Los transportistas reclamarán la devolución de los peajes en Gipuzkoa

El Tribunal Supremo ha acordado revocar definitivamente los peajes para camiones en la N-1 y la A-15 en la provincia
Diputación Foral de Gipuzkoa

El Tribunal Supremo ha acordado revocar definitivamente los peajes para camiones en la N-1 y la A-15 en Gipuzkoa al desestimar el recurso de casación interpuesto por la diputación de Gipuzkoa y las Juntas Generales. Esta sentencia, ha apuntado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), “abre la posibilidad, tal y como hemos expuesto desde el principio, a que las empresas de transporte puedan reclamar y recuperar el importe de los peajes abonados hasta la fecha, además de los correspondientes intereses de demora”. La confederación ha valorado el contenido de esta sentencia y ya está trabajando “para ofrecer a todas sus empresas asociadas el asesoramiento necesario para realizar con éxito la reclamación correspondiente”.

Las asociaciones de transporte por carretera asesorarán a los transportistas para recuperar los importes abonados

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha añadido que los transportistas “pueden recuperar el importe indebidamente recaudado, además de por los peajes y los intereses legales de demora, por las posibles sanciones que hubieran podido ser impuesta por este motivo (tickets de los peajes abonados), así como de las denuncias recibidas, al objeto de poder ser resarcidos de estas cantidades”. En este sentido, la federación ha señalado que se informará “detalladamente a los transportistas y a las asociaciones homólogas europeas que con Fenadismer forman parte de la UETR sobre las consecuencias del fallo judicial, a fin de que transmitan a sus asociados la conveniencia de recopilar todos los pagos de peajes y multas abonados, para su posterior reclamación”.

SE CALCULA EN MÁS DE 15 MILLONES LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA
Fenadismer ha señalado que, tras la sentencia del Tribunal Supremo, “todo lo recaudado por la Diputación de Gipuzkoa desde la implantación de los peajes en enero de 2018 hasta mayo de 2019 debe ser devuelto íntegramente a los transportistas”, lo que según los cálculos de la federación “supondría un montante superior a los 15 millones de euros más los correspondientes intereses legales de demora”. La organización ha considerado una “irresponsabilidad política” mantener el cobro de los peajes en estas vías como consecuencia de la versión “maquillada” que puso en marcha la diputación en mayo de 2019 y que está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva sobre la base de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que la volvió a declarar ilegal”.

Fenadismer ha recordado que, pese a que en abril de 2018 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal el peaje a camiones en la N-1 y la A-15 puesto en marcha en enero de ese mismo año, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha continuado exigiendo durante estos tres año el cobro del mismo a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan por estas vías “bajo la excusa de que dicha decisión no era firma hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo” en base al recurso presentado por la diputación. El mismo tribunal dio la razón a las asociaciones del transporte en mayo del pasado año estimando el recurso presentado contra la norma foral que aprobaba el cobro de peajes. Tanto la federación, como el resto de organizaciones del sector del transporte por carretera, han considerado estos peajes desde un primer momento “ilegales y discriminatorios”.

La diputación ha seguido exigiendo el pago de los peajes en base a que la sentencia no era firme

La organización ha manifestado su rechazo al entender que el sector del transporte por carretera “ya contribuye sobradamente a las arcas públicas vía impuesto de hidrocarburos”. En este sentido, Fenadismer ha apuntado que en la provincia de Gipuzkoa “se suministran anualmente casi 800 millones de litros de gasóleo A, principalmente procedentes de los vehículos de transporte”. Por tanto, se recauda anualmente por el impuesto sobre los carburantes en torno a 400 millones de euros, ha señalado la federación, “10 veces más que el presupuesto destinado por la diputación foral al mantenimiento de sus carreteras”.