17 de mayo de 2021 | Actualizado 11:01

España se compromete con Bruselas a implantar el pago por uso en la red viaria

El Gobierno ha incluido esta medida en el Plan de Recuperación que remitirá a Bruselas este mes y que movilizará más de 140.000 millones
Las asociaciones del transporte por carretera se han pronunciado de forma reiterada contra el pago por uso | E.M.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé implantar un sistema de pago por uso de la red en las vías de alta capacidad, una medida que “permita que cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede con el resto de infraestructuras”, según ha explicado en el documento del Plan ‘España Puede’. Esta medida pasaría por revisar la financiación de estas vías antes de establecer el sistema de pago, el cual, señala el Gobierno, “garantizaría los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal”. Las asociaciones sectoriales del transporte profesional se han pronunciado de forma reiterada en contra de los sistemas de pago por uso.

El Gobierno ha incluido esta actuación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (denominado ‘España Puede’), un documento inicial y previo al que enviará a la Comisión Europea este mes de abril y con el que espera movilizar más de 140.000 millones de euros de inversión pública hasta 2026. Este programa estará apoyado por la financiación de fondos europeos Next Generation, que cubre el periodo 2021-2023, “con el fin de impulsar la recuperación y lograr un máximo impacto contracíclico”, según se explica en el propio plan.

De los 70.000 millones que se estima movilizar inicialmente, la Estrategia de Movilidad, Segura y Conectada, destinada a la transición hacia el vehículo eléctrico, contará con una de las mayores partidas de todo el paquete, un total de 13.200 millones de euros para los próximos tres años. El plan contempla también impulsar las infraestructuras de transporte, como “elemento esencial para la mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la economía”. Además, recoge actuaciones destacadas en este sentido, como el desarrollo de los corredores europeos o la mejora del transporte y distribución de mercancías mediante el fomento de la intermodalidad y el desarrollo y modernización de terminales logísticas, puertos y sus accesos.

PRINCIPALES MEDIDAS EN MATERIA DE MOVILIDAD

Acordió
El Plan incluye un apartado destinado a la Movilidad sostenible, segura y conectada, en el que se invertirán, aproximadamente, 6.667 millones de euros. En este punto, se incluye la Estrategia Indicativa Ferroviaria, con “importantes inversiones” en la construcción, modernización y mejora de las infraestructuras ferroviarias. Entre ellas, a del Corredor del Atlántico, el Corredor Mediterráneo, la conexión con Portugal y la conexión con el Puerto de Algeciras, con el objetivo de alcanzar el denominado Espacio Único Europeo del Transporte. También actuaciones en la red RTE-T, que abarcarán todos los modos de transporte, pero se centrará en el ferrocarril. Dentro de este apartado también se encuentra la actuación destinada a establecer el pago por uso de la red viaria.
En línea con este objetivo de avanzar en el desarrollo de los corredores europeos y modernizar las vías, se marca también como objetivo hacer la red nacional de transporte más interoperable de acuerdo con los estándares europeos, “dotándola de mayor capacidad donde es necesario y contribuyendo a reducir su huella de carbono mediante el impulso de la electrificación”. Este planteamiento tendría como destino una mejora en la eficiencia del sistema de distribución de mercancías de mano de la intermodalidad y el impulso a los combustibles alternativos. Para conseguir esta “intermodalidad”, entre otras acciones, se llevaría a cabo la modernización de las terminales logísticas, los puertos y los accesos a los mismos, y se financiará el apoyo a infraestructuras industriales sostenibles, desde parques industriales hasta zonas logísticas (infraestructuras técnicas y servicios especializados de uso común o compartido).
El Plan plantea la renovación del parque de vehículos ligeros y el despliegue masivo de infraestructuras de recarga, un primer punto del plan junto con el establecimiento de zonas de bajas emisiones al que se dedicarán 6.536 millones de euros en el plan de choque inicial y más de 13.000 millones en total. Se incentivará la adquisición de vehículos eléctricos, de pila de combustible y de hidrógeno y habrá un sistema de incentivos a la instalación de puntos de recarga. “El objetivo es conseguir una flota de, al menos, 250.000 vehículos eléctricos en 2023 y de 5 millones en 2030. En esas mismas fechas, se espera contar con entre 80.000 y 110.000 nuevos puntos de recarga. En esta línea, se espera que esta apuesta por la movilidad eléctrica atraiga la inversión en el sector de la automoción, garantice la orientación del sector hacia la sostenibilidad y, por tanto, su viabilidad a medio-largo plazo. El Gobierno prevé que el despliegue de la infraestructura de recarga genere un efecto tractor en la cadena de valor nacional, puesto que hasta el 90% de la infraestructura de recarga es de fabricación nacional.
Dentro de la sección anterior se encuentra el establecimiento de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes, “que incentive a reducir la utilización del vehículo privado, mejore la calidad del aire, reduzca los niveles de ruido, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuya a la mejora de la calidad de vida en las ciudades”. Para ello, se desincentivará el uso del vehículo privado y se promoverá el uso del ferrocarril en los desplazamientos urbanos y metropolitanos. En este punto también se incluye un plan de incentivos a la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías para favorecer los vehículos de cero o bajas emisiones.

El Ejecutivo espera que, con la financiación europea, se logre recuperar el nivel de inversión previo a la crisis financiera, cercano al 4% del PIB, “movilizándose inversiones adicionales a las que se hubiesen producido en el escenario alternativo con ausencia del plan y que servirán de palanca para las inversiones privadas por 500.000 millones de euros en los próximos seis años”. Pedro Sánchez ha definido este plan como el más “ambicioso y trascendental” de la historia económica de España y su mayor oportunidad desde su entrada en la Unión Europea. El presidente del Gobierno ha destacado que da la posibilidad de crear “empresa y empleo” durante los próximos seis años y que va a permitir “modernizar el tejido productivo, aumentar la productividad, impulsar la capacidad de crear empleos de calidad en todo el territorio nacional, reducir las brechas sociales ampliadas por la crisis e impulsar una economía verde”.