22 de octubre de 2021 | Actualizado 17:03

Renfe contrata a PwC ante la posibilidad de reajuste de sus tarifas de mantenimiento

La Audiencia Nacional concedió a Renfe hace unos días medidas cautelares para no modificar las tarifas que cobra a los operadores
Renfe

La compañía ferroviaria pública Renfe ha contratado a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por un total de 113.050 euros en concepto de auditoría financiera y servicio de apoyo dada la posibilidad de tener que cumplir con la resolución dictada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respecto a las tarifas en el ámbito de mantenimiento. La contratación llega apenas dos semanas después de que la Audiencia Nacional concediera a Renfe las medidas cautelares que solicitó, gracias a las que la compañía no tendría que retocar las tarifas que cobra a otros operadores por el acceso a sus talleres.

La CNMC dio dos meses al operador ferroviario para que presentara nuevos precios ante el organismo

Si bien la decisión de la Audiencia Nacional es cautelar, el plazo de ejecución del contrato licitado por Renfe está estipulado en dos meses, que coincide con el plazo que manifestó la CNMC a Renfe para presentar un nuevo desglose de precios con el detalle de los ajustes realizados en su resolución sobre las tarifas de mantenimiento. Competencia tildó dichas tarifas de “abusivas” e “incrementadas de forma artificial”. Cuestionada por esta situación, el operador ferroviario público se ha limitado a señalar que no tendrá que retocar las tarifas “de momento”.

En diciembre de 2020, fecha en la que se dio a conocer la resolución de la CNMC sobre este asunto, Renfe argumentó que el servicio de su filial de mantenimiento sería “deficitario” y provocaría pérdidas de cobrar las tarifas propuestas por el organismo regulador, al que acusaban de exceder sus competencias por formular la Ley del Sector Ferroviario como argumento para su resolución. Por su parte, la CNMC lamentó la metodología de cálculo de costes de Renfe Mantenimiento, que, según el organismo, es contraria al artículo 101 de la mencionada ley y que establece que los precios de los servicios en las instalaciones ferroviarias no podrán superar el coste de su prestación más un beneficio razonable.