La Generalitat oficializa a Lluís Salvadó como presidente del puerto de Barcelona
El Gobierno catalán, tras su reunión semanal del consejo ejecutivo catalán, ha oficializado la propuesta de Lluís Salvadó como próximo presidente del puerto de Barcelona. Ahora, la ratificación oficial depende de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, Raquel Sánchez, con la publicación del nombramiento del Boletín Oficial del Estado (BOE). Salvadó aseguró ayer, en su rueda de prensa de presentación como futuro presidente de la entidad, que hoy renunciaría a su acta como diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament.
Actualmente, Lluís Salvadó ha ejercido como diputado por la demarcación de Tarragona y también vicesecretario general de Coordinación Interna de ERC. Es ingeniero industrial por la Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (UPC) y cuenta con un postgrado en Dirección General de Empresas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Fuera del ámbito público, ha desempeñado diversos puestos en empresas privadas durante una década.
Salvadó tiene pendiente un juicio que podría inhabilitarle para determinadas funciones públicas
Lluís Salvadó ha remarcado que su mandato tendrá como principal reto reorientar el recinto al nuevo paradigma económico. Este contexto, indicó, estará condicionado por la invasión de Ucrania, los nuevos combustibles, la sostenibilidad y el cumplimiento de las demandas en el campo del cambio climático. Sin embargo, el nuevo presidente del puerto ha asegurado que también pretende dar continuidad a la labor de la anterior presidencia y a los instrumentos ya planificados por el equipo directivo de la autoridad portuaria, como el plan estratégico y del plan director, que también se adaptarán al escenario global. Salvadó está a a la espera de que se fije fecha para celebrar su juicio pendiente por presunta malversación, prevaricación, falsedad documental y desobediencia por la organización del referéndum del 1 de octubre. Esta causa podría llegar a inhabilitarle para determinadas funciones públicas.
