31 de enero de 2023 | Actualizado 17:54

La justicia europea ratifica el incumplimiento de la calidad del aire en Madrid y Barcelona

La sentencia del tribunal europeo abre la puerta a una futura multa que podría repercutir en las administraciones municipales
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado con una sentencia condenatoria el incumplimiento de España respecto a la normativa comunitaria de calidad del aire. En concreto, el TJUE alude a los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) emitidos anualmente en Madrid y el área metropolitana de Barcelona en el periodo 2010-2018, que superaron reiteradamente el valor fijado por la normativa comunitaria de 2008. Además, la sentencia europea también expresa dudas acerca de la efectividad de los planes implementados con posterioridad a ese periodo en ambas regiones, principalmente las zonas de bajas emisiones (ZBE). La sentencia responde a una denuncia de la Comisión Europea contra España elevada al tribunal en 2019, y supone un avance hacia una posible sanción para el Estado, dado que este es el organismo que tiene responsabilidad jurídica respecto al TJUE.

Tras el fallo del tribunal, una futura denuncia por parte del Ejecutivo comunitario sí que podría acabar en sanción económica y establecer la cifra del montante correspondería a la propia Comisión Europea. Ya en 2019, cuando presentó la denuncia al tribunal, algunas asociaciones ecologistas apuntaron a cifras entre los 500 y los 2.000 millones de euros.

La justicia europea pone en duda la efectividad de las ZBE tal como fueron formuladas a partir de 2017

El tribunal europeo ha desestimado la mayoría de las alegaciones que había presentado España respecto al incumplimiento señalado por la Comisión, que en gran medida reposaban sobre el hecho de que los porcentajes de incumplimiento mostraban una cierta mejora progresiva. Según el tribunal, “el alcance de superaciones de ese valor límite anual fue mayor en 2017 que en 2016” en todas las zonas analizadas, y, en 2018, los porcentajes seguían siendo mínimo del 35% por encima del tope, “lo que refleja un deterioro de la situación a lo largo del año en el que deberían haber surtido efectos las medidas que debían adoptarse antes de la fecha de expiración del plazo”. Con esa fecha, el tribunal se refiere al plazo de abril de 2017, establecido por el Ejecutivo comunitario para que España reaccionara a sus incumplimientos, tras abrirle un expediente en 2015.

Aunque el expediente había quedado aparcado a partir de 2018, en respuesta al anuncio de medidas como las ZBE en ambas ciudades, Bruselas lo reanudó y denunció a España tras el cambio del gobierno municipal en Madrid y la incertidumbre que rodeó la ZBE de Madrid Central. Ahora, el tribunal considera que los planes implementados posteriormente a 2017, y que incluyen las ZBE tal como fueron anunciadas en su origen, tampoco son suficientes para garantizar el cumplimiento normativo. En el caso del antiguo Madrid Central, el TJUE considera que su superficie cubierta es de “4,72 kilómetros cuadrados, cuando la superficie total de la zona en cuestión es de 604,45 kilómetros cuadrados”. La ZBE actual, sin embargo, es más amplia. En el caso de Barcelona, el tribunal apunta que “su efectividad se ve limitada por los requisitos a los que se supedita su aplicación”.

LAS REACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de Barcelona han reaccionado rápido a la sentencia . Desde Madrid, su alcalde, José Luís Martínez-Almeida, ha señalado en rueda de prensa que el fallo es “una censura durísima a las políticas del equipo de gobierno anterior”, y ha reivindicado que Madrid tiene “los mejores datos de calidad del aire de su historia”. Para el alcalde de Madrid, los datos actuales -que no ha especificado- servirán como herramienta de negociación en el caso de que la UE imponga una multa a España, y esta sea repercutida sobre las administraciones municipales de Madrid y Barcelona.

“La movilidad es la principal responsable de esta contaminación, y su cambio debe ir más allá”
Janet Sanz Teniente de alcalde de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona

En el caso de Barcelona, su teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, también ante los medios, ha apuntado al Gobierno central como autoridad competente a la hora de poner en marcha medidas para paliar la situación, pues “por eso la sentencia deriva directamente sobre el Estado español”, y también a las comunidades autónomas. Para Sanz, estas “son las que tienen las competencias y las responsabilidades”. En todo caso, la teniente de alcalde de la capital catalana también ha recalcado que todas las administraciones deben seguir realizando esfuerzos, y ha manifestado que “el cambio de movilidad -que es la principal responsable, la movilidad, de esta contaminación- debe continuar, debe ir más allá”.