17 de mayo de 2021 | Actualizado 11:01
De izquierda a derecha; el director de Executive Forum, César Chiva, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala y el presidente de Bergé, Jaime Gorbeña | Executive Forum

Barkala apuesta por recuperar la vocación empresarial de las autoridades portuarias

Los puertos están sujetos a un exceso de normativa que "condiciona su gestión y funcionamiento”, ha declarado el presidente del puerto de Bilbao

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, ha recordado que las autoridades portuarias nacieron con una clara vocación empresarial, pero “se ha ido perdiendo”. En su opinión, los puertos son empresas que compiten en el mercado y en el desarrollo de una actividad económica, aunque “no dejamos que lo sean”. De esta forma, ha recordado que los puertos están sujetos a un exceso de normativa que “condiciona sistemáticamente su gestión y funcionamiento, limitando así su autonomía”. En consecuencia, estima necesaria la implantación definitiva, como modelo de gobernanza y pauta general, de “una real y efectiva autonomía funcional y de gestión en las autoridades portuarias en todas las áreas, materias y ámbitos”. Además, esta modificación sería precisa debido a que se alinea con el nuevo reglamento europeo de servicios portuarios, ha precisado durante su conferencia en Executive Forum (Madrid).

Ricardo Barkala ha continuado citando la ley de Puertos, en la que se puede observar que, como criterio principal, las autoridades portuarias deben desarrollar sus funciones bajo el principio general de autonomía funcional cuya gestión debe responder necesariamente al principio de autosuficiencia financiera. Por lo tanto, derivado de este análisis inicial, “el régimen de actuación de las entidades portuarias con independencia de su calificación nominal como organismos públicos debe asimilarse al de una autentica empresa y responder a una responsabilidad económico-financiera”, ha señalado el presidente del puerto de Bilbao. Sin embargo, actualmente “las autoridades portuarias son meras administraciones intervenidas en su gestión”, debido a que la propia ley de Puertos y las leyes que la complementan “imponen por medio la necesidad de la obtención de innumerables previas autorizaciones, informes favorables, tramitaciones diversas y trámites administrativos que se vienen administrando a través de regulaciones o procedimientos”.

En este contexto, el presidente de la autoridad portuaria de Bilbao ha expuesto tres ejemplos para fundamentar su opinión. En primer lugar, en relación a los ingresos portuarios, se observa que las políticas tarifarias que pueden desarrollar las autoridades portuarias se encuentran “perennemente” en determinadas tramitaciones que no depende de las autoridades. En este aspecto, “si queremos aplicar rebajas a los precios a nuestros operadores e incentivar determinadas políticas comerciales, dichas actuaciones están condicionadas a la correspondiente ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE)”. Del mismo modo, “en el caso de que se pretenda reducir el coste de suelo para nuestros concesionarios, resulta también que la valoración de los terrenos conlleva varios años de tramitación, incluyendo diversos informes favorables y en ocasiones con un resultado incierto”.

“Las autoridades portuarias son meras administraciones intervenidas en su gestión”
Ricardo Barkala Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao

Por otra parte, ha declarado que la estructura de la autoridad portuaria, tanto a nivel de medio humanos y de perfiles profesionales, así como en las retribuciones, no dependen de sí mismas, “sino de un ente en el que prácticamente no hay posibilidad de intervención”. La actual estructura del capital humano de Bilbao “tiene cerca de 20 años y no puede ser modificada sin autorización”. Por lo tanto, la autoridad portuaria “no puede cubrir los perfiles que demandan las necesidades operativas en sus áreas estratégicas”. De esta forma, “se llega a una situación absurda, como que estamos a 26 de marzo y la subida aprobada con carácter fijo para el personal de las autoridades portuarias para el ejercicio pasado aún no se ha percibido por parte de nuestros trabajadores”.

Del mismo modo, ha señalado que si una autoridad portuaria quiere acordar relaciones, no sujetas a la normativa de contratación publica, con una administración u operador privado, tienen que acudir a la elaboración de un convenio que “conlleva la necesidad de una autorización por parte del ministerio de Hacienda y supone una tramitación que llega a alcanzar no menos de seis meses”. 

Por su parte, Ricardo Barkala ha concluido su intervención defendiendo el establecimiento de regulaciones diferenciadas en función de las categorías de puertos. Actualmente, todos los puertos de titularidad estatal se rigen bajo la mismas normativas, regulación y reglas de juego, pero cada puerto tiene diferentes necesidades y recursos, ha explicado el presidente del puerto de Bilbao. En este aspecto, ha declarado que “la ley de puertos se equivocó desde su nacimiento en esta imposición regulatoria que debería corregirse cuanto antes dado que perjudica gravemente a la competitividad del conjunto del sistema portuario”.