21 de agosto de 2026 | Actualizado 14:48

El transporte profesional de Madrid celebra la anulación de las zonas de bajas emisiones

Las asociaciones celebran el "varapalo judicial" y reclaman ser escuchadas y exigen diálogo y responsabilidades políticas y técnicas
Ayuntamieto de Madrid

Las principales asociaciones de transportistas profesionales de la Comunidad de Madrid, que engloban tanto a pasajeros como a mercancías, no ocultan su satisfacción con la anulación por decisión judicial de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio. La semana pasada, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó parcialmente el recurso interpuesto por el grupo municipal Vox y declaraba nulos varios artículos y disposiciones transitorias de la normativa. Ahora, el transporte profesional se posiciona “celebrando el varapalo judicial” al Ayuntamiento de Madrid, afirman en un comunicado conjunto.

El transporte considera que la ausencia de alternativas supone incumplir la Ley de Cambio Climático

“Es hora de escuchar al transporte profesional, hasta el momento ignorado, y exigir responsabilidades políticas y diálogo”, reza el comunicado. La sentencia, que el ayuntamiento ya ha anunciado que va a recurrir, destacaba la falta de alternativas y el incumplimiento del principio de la transición justa, además de que, a juicio del magistrado, la justificación del impacto económico de la medida no era suficiente. Tampoco, alegan ahora las asociaciones de transportistas, se han estimado el impacto económico en los sectores y colectivos afectados por la prohibición de acceder a las ZBE con vehículos de reparto sostenibles.

El comunicado afirma que dichas preocupaciones, además de las relativas a la calendarización para adquirir nuevas flotas, “fueron trasladadas repetidamente a los mandatarios del consistorio municipal en materia de movilidad y medio ambiente desde la entrada en vigor de la ordenanza”. Sin embargo, aseguran que no se les prestó atención. “A pesar de las numerosas alegaciones, éstas no se reflejaron en la elaboración de la ordenanza”. Los transportistas se basan también en que la sentencia considera que no se ofrecieron en ningún momento alternativas menos restrictivas.

“Se ha asumido erróneamente que la propuesta del ayuntamiento es la única forma de cumplir con los objetivos establecidos, sin explorar opciones que no discriminen a los colectivos más vulnerables en relación con los costos asociados a la adquisición de nuevos vehículos”, reza el comunicado. Esto supone, a juicio de las asociaciones firmantes, un incumplimiento de la Ley de Cambio Climático, “que consagra el principio de transición justa, exigiendo que las políticas medioambientales tengan en cuenta las circunstancias económicas de los colectivos más desfavorecidos”.

En cualquier caso, y dada la intención del consistorio de recurrir la sentencia en casación, las asociaciones consideran que la justicia les ha dado la razón en este primer paso. “El varapalo judicial sufrido al aprobar y mantener una normativa sin estudios previos de impacto económico correctamente desarrollados pone de manifiesto la necesidad urgente de dialogar sobre la viabilidad de la implantación de las ZBE en Madrid y sus consecuencias económicas en los colectivos más vulnerables”. Asimismo, y aunque ahora tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo, las asociaciones ya exigen también la asunción de responsabilidades “por parte de aquellos responsables políticos y técnicos que han provocado esta situación”.