La CNMC señala la regulación ineficiente de unos servicios portuarios con poca competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado en dos estudios el funcionamiento de los principales servicios prestados en la red de puertos de interés general de nuestro país, donde, en general, existe poca competencia y persiste una regulación ineficiente. Ambos estudios analizan los servicios prestados directamente a los buques, es decir, practicaje, remolque y amarre y desamarre, servicio de recepción de desechos generados por los buques y el servicio de bunkering; y los servicios de manipulación de mercancías y estiba. “En muchos casos, los servicios se prestan en un régimen de monopolio o con escasa competencia”, como ocurre con el practicaje, concluye el organismo regulador. La CNMC lo achaca “a la existencia de barreras a la competencia, en general, que se originan por normativas, incluyendo los pliegos que establecen las normas en los puertos, los sistemas de licencias y las concesiones”.

La CNMC detecta limitaciones en la transparencia de los pliegos y concesiones y demasiados requisitos para operar

Además, hay limitaciones en la actualización y transparencia de los pliegos y concesiones y, en algunos casos, requisitos excesivos para operar, asegura la CNMC. Existen además restricciones de acceso a la profesión de práctico y de estibador que dificultan el acceso a los interesados. En remolque, se exigen barcos con bandera española, y en manipulación de mercancías, existen rigideces en la organización del trabajo, en la contratación y en la automatización. “Potenciar la competencia en los puertos podría mejorar la economía y el bienestar de los consumidores, fomentando menores costes, mejor calidad de los servicios, aumentos en el tráfico de mercancías y pasajeros, la llegada de nuevas industrias o incentivos a la innovación y a la inversión”, concluye el organismo de competencia.

Por ello, la CNMC recomienda promover un marco transparente, eficiente y competitivo donde se actualicen los pliegos de prescripciones y condiciones particulares a la normativa vigente, así como reformar el sistema de licencias y autorizaciones, incluidas en su caso las tarifas máximas, que permitan los máximos niveles de competencia, e impulsar la transparencia de las concesiones mediante la creación de un registro. Igualmente, Competencia recomienda introducir un regulador y supervisor independiente. En cuanto a la competencia y eficiencia en los servicios prestados a los buques, la CNMC recomienda eliminar el monopolio legal y mejorar el acceso a la profesión del practicaje, y valorar la posibilidad de introducir el practicaje desde tierra.

Competencia pide eliminar los “obstáculos injustificados” a la libertad de elección del personal de las empresas estibadoras

En materia de remolque, la CNMC recomienda “asegurar la proporcionalidad en su obligatoriedad, replantear el requisito de bandera española en los remolcadores y valorar alternativas procompetitivas sobre la propiedad de los activos”. En cuanto a la recepción de deshechos, el organismo advierte que deberían limitarse los tipos de licencias para maximizar la competencia, homogeneizar los conceptos sujetos a las tarifas y revisarlas en caso de desajuste persistente entre ingresos y gastos. Y apunta a una necesidad de clarificar la clasificación legal del servicio de suministro de combustible sin incrementar las barreras regulatorias y aumentar la transparencia de los precios.

Respecto al servicio de estiba, la CNMC echa en falta facilitar el acceso a la profesión de estibador, revisar la duración de la formación, facilitar la homologación de trabajadores europeos y reforzar la independencia de las evaluaciones. Igualmente, llama a eliminar lo que denomina como “obstáculos injustificados a la libertad de las empresas para escoger entre modelos para conseguir trabajadores portuarios“. También llama a flexibilizar la organización del trabajo portuario y mejorar el marco regulatorio para no obstaculizar la inversión en automatización. Por último, hace hincapie en la necesidad de revisar el sistema de concesiones portuarias, especialmente analizando “los plazos óptimos” y promoviendo la competencia en los precios.